Peter Haden / CC-BY-2.0 (foto sin cambios)
El pasado 23 de noviembre del 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe que profundiza acerca de los casos de tráfico y secuestro sufridos por personas migrantes del 2011 al 2020. En este estudio se exhibe que del 2016 al 2020 hubo un incremento del 656% en los ilícitos de este tipo, evidenciando la magnitud del fenómeno. El documento indaga en estadísticas, testimonios, rutas de tránsito y propuestas para combatir la creciente problemática.
Según el Reporte global sobre tráfico ilícito de migrantes 2018 emitido por la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 200 mil y 400 mil migrantes centroamericanos son objeto de este crimen en México. Tan solo en 2016, aproximadamente 2.5 millones de personas migrantes fueron víctimas de este delito a nivel global.
Dicho esto, el reciente estudio publicado por la CNDH expone a América Central y Norteamérica como las principales regiones donde ocurren esta clase de crímenes con mayor incidencia. Particularmente México, dado a que es un país de destino, origen, tránsito y retorno para personas migrantes, enfrenta grandes problemas por parte de organizaciones criminales implicadas en actividades lucrativas. Gracias a la actual violencia y a cuestiones económicas, sociopolíticas o culturales, cada vez más personas se ven obligadas a migrar. La falta de mecanismos eficaces de regulación de este proceso incide en que los refugiados acudan a grupos delictivos organizados, quienes facilitan los cruces fronterizos.
Conforme al secuestro, tráfico ilícito y desapariciones de personas migrantes, testimonios presentados ante la CNDH revelan que la ruta del Golfo de México es la más nombrada por las víctimas, representando el 67% de las menciones totales. Otras rutas importantes implican vías marítimas de transporte como las hay en el Puerto Ocós en Guatemala de donde surgen embarcaciones, las cuales cruzan la frontera sur. Se identificaron rutas que iban de Belice a Quintana Roo y de Cuba hacia Cancún en la región del Caribe. En Baja California, se inspeccionaron trayectos en las playas de Tijuana y de Rosarito dirigidos a las costas de San Diego, para cruzar la frontera norte del país.
De acuerdo con el documento presentado por la CNDH, la infrecuencia de las denuncias se da puesto a que hacerlo supone una serie de retos y consecuencias para los involucrados. Debido a que los traficantes ofrecen múltiples intentos de cruzar las fronteras por altos costos, se evita denunciarlos con la esperanza de poder cruzar nuevamente y evitar perder el dinero ya gastado. De igual manera, denunciar implica tener los recursos económicos y el tiempo necesario para llevar a cabo el procedimiento adecuadamente. La falta de mecanismos de regulación y de justicia accesibles imposibilita este proceso legal en las personas migrantes, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
En esto, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con sus deberes jurídicos de prevenir, investigar y sancionar cualquier conducta delictiva. Es necesario implementar políticas públicas destinadas a combatir las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes. Es vital que se generen protocolos para la atención a los damnificados y elaborar otros para la detección de víctimas de secuestro. Igualmente, una medida fundamental es la implementación de políticas encomendadas a gestionar la migración regulada a través de programas concretos que garanticen la seguridad de las personas migrantes.
Las propuestas para combatir este fenómeno requieren un enfoque integral que aborde las múltiples problemáticas presentes. La falta de acción ante esta situación pone en riesgo la vida de miles de personas y permite la reproducción de actos delictivos perpetuados por organizaciones criminales.
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