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En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) exhorta a los gobiernos, organismos públicos, iniciativa privada e instituciones no gubernamentales a sensibilizarse sobre el problema de derechos humanos que enfrentan los periodistas en todo el mundo; asimismo, convoca a no hacer caso omiso de las condiciones deficientes en las que se encuentran los programas de protección en regiones como América Latina, donde se registra la mayor cantidad de abusos y violencia contra periodistas.
De acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), América Latina mantiene su posición como la región con el mayor caso de periodistas asesinados, con 18 casos en 2019. Entre los países con mayor incidencia, México registró el número más alto de víctimas, con 10 asesinatos registrados oficialmente. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), México se clasifica como el lugar más peligroso del continente para ejercer la profesión de periodista, y el segundo lugar a nivel mundial después de Siria, donde se han reportado 52 asesinatos y 14 desapariciones; asimismo, resalta la preocupación por casos de desapariciones y asesinatos no registrados de manera oficial.
El análisis de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) declaró que los mecanismos de protección para periodistas en América Latina son ineficientes, carecen de recursos humanos, técnicos y económicos. Los países con mayores dificultades en este ámbito son Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, y México. Ante ello pidió una mayor integración de trabajo entre agencias ejecutivas y judiciales, con objeto de mejorar la prevención de riesgos para los periodistas; sin embargo, los organismos e instituciones gubernamentales no muestran indicios de apoyar las iniciativas. Las irregularidades presentadas por el SIP son las siguientes:
Brasil: el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientales carece de protocolos y metodologías para cumplir con sus medidas de protección en materia de particularidades. Asimismo, a partir de 2019, las instituciones gubernamentales redujeron los fondos de las comisiones que forman parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Ecuador: el Comité Institucional de Protección a Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación no cuenta con la integración de asociaciones de prensa, ni periodistas; por el contrario, está formado por organismos oficiales, entre los que se encuentra la Secretaría General de la Comunicación.
Colombia: el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales cuenta con la Unidad Nacional de Protección desde 2011; no obstante, pese a que se considera uno de los más eficientes del continente, y fungió como modelo para su implementación en otras regiones de América Latina, requiere capacitación, financiamiento, y recursos técnicos.
Guatemala: el Programa de Protección a Periodistas, Comunicadores y Medios de Comunicación fue suspendido por el expresidente Jimmy Morales, con el supuesto de que no existieron las condiciones para coordinar el proyecto con la sociedad civil.
Honduras: el Sistema de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia presenta falta de recursos técnicos y presupuestarios.
Paraguay: pese a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Mesa de Protección a Periodistas, integrada por los gremios y sindicatos más importantes en materia de periodismo, presenta estancamiento y falta de recursos; esto repercute en una falta de capacidad para responder a víctimas en las zonas de peligro.
México: según la Auditoría Superior de la Federación, el presupuesto destinado al Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos disminuyó considerablemente desde el 2019. Asimismo, se registra escasez de personal, recursos económicos, y no existe coordinación con las unidades de protección estatales.
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