Foto: lopezobrador.org.mx
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina del 23 de diciembre de 2021 habló sobre las acciones que tomará el gobierno en materia de derechos humanos. Fue a través de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, que se dieron los pormenores de estos avances.
AMLO reflexionó sobre el hecho de que su gobierno no pretende resolver los problemas con el uso de la fuerza. Encinas, por su parte, reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos profundizado ante las ausencias del estado donde las víctimas eran responsables de buscar su propia justicia.
El Subsecretario estableció como ejes fundamentales el restablecer una relación de atención y respuesta a las víctimas, reconociendo la indignación y enojo frente a la capacidad de respuesta del Estado. También fortalecer las fuerzas de las capacidades institucionales en todos los Estados y municipios del poder judicial del país. Remarcó que la impunidad sin embargo sigue siendo muy grave y es un caldo de cultivo que alienta la comisión de delitos y la falta de implementación de justicia.
Mencionó que durante los pasados tres años se han alcanzado cifras sin precedentes en cuestión de atención a los derechos humanos del país. Desde la Secretaría de Gobernación se invirtieron 6 millones 103 mil 513 millones de pesos distribuidos en áreas de subsidios de fortalecimiento a las instituciones forenses de las entidades de la república. Inversión que permite encarar la capacidad de búsqueda de personas, fortaleciendo el acompañamiento a los familiares. Por parte del gobierno hasta el mes de noviembre de 2021 se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda en 28 estados y 314 municipios del país.
Alejandro Encinas remarcó la creación de tres centros de identificación humana con un presupuesto de 121 mdp, algunos poseen un nivel muy importante de desarrollo en las capacidades de los laboratorios genéticos. Compartió que se cuenta con el apoyo del equipo guatemalteco forense, uno de los más especializados en el mundo, así como de la reconocida Universidad de Innsbruck, en Austria, para homologar estándares y protocolos. Aclaró que no es para capacitaciones, pues el país ya cuenta con los conocimientos e infraestructuras y tecnologías de punta en materia de identificación.
Se han creado cinco centros de resguardo temporal de cuerpos con un presupuesto de 18 mil 190 mdp, para dar frente a la crisis forense. Pues hay alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar entre fosas comunes y servicios forenses del país. También se plantea la creación de un centro nacional de identificación humana para atender el rezago en esta materia y establecer mecanismos de identificación masiva.
Acreditó que se está haciendo el esfuerzo con el Instituto Nacional de Medicina Genómica del país, la institución más avanzada en materia de genética para el análisis de muestras complejas. Con esto se pretende realizar protocolos con los estándares más altos y alcanzar la posibilidad de no acudir a instituciones extranjeras.
Notificó de la construcción de un centro comunitario para la mujer indígena en Guerrero tras el caso Inés Fernández Ortega, mujer indígena que fue abusada sexualmente por un militar en el año 2002 en ese mismo estado. Ahí se podrá atender el problema de los matrimonios forzados presentado en distintas regiones del estado. En San Cristobal de las Casas, Chiapas, se construyó un Centro de Salud y Actividades como reparación tras a el levantamiento de Ángel Díaz Cruz, quien fue asesinado en manos del ejército en 1994.
De los 56 Centros de Justicia para las Mujeres existentes, compartió que 16 fueron construidos en el actual gobierno y 10 han sido remodelados. Sin embargo, se planea construir más para atender a las mujeres víctimas de violencia, así como las alertas de violencia de género. Además se tiene contemplado el fortalecimiento de registros civiles, cumplimiento de sentencias y organismos internacionales, protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas así como reparaciones a víctimas. En enero de 2022 se discutirán y decidirán las ubicaciones de los nuevos centros con los que se pretende generar un avance en materia de derechos humanos.
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