Foto: X @senadomexicano
Con 85 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República respaldó el 4 de diciembre de 2025 el dictamen para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La votación concluyó tras un debate prolongado, en el cual se expusieron preocupaciones sobre el impacto de las nuevas disposiciones en usuarios, sectores productivos y mecanismos de control estatal del recurso hídrico.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, fue discutida en dos etapas: primero se aprobó el dictamen original, y posteriormente se sometieron a votación particular diversas reservas. Estas propuestas de modificación fueron desestimadas, entre ellas una presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, cuya reserva al artículo 44 recibió 35 votos a favor y 69 en contra.
Así, el nuevo marco legal establece que las concesiones de agua ya no podrán transferirse entre particulares. La Comisión Nacional del Agua será la única instancia facultada para recuperar y reasignar derechos no utilizados. Además, se incorpora un catálogo de delitos hídricos relacionados con el uso indebido del recurso, los cuales deberán ser perseguidos de oficio.
Igualmente, la senadora Verónica Rodríguez, del Partido Acción Nacional, señaló durante su intervención que la legislación ofrece al Ejecutivo Federal la posibilidad de decidir de forma discrecional sobre la permanencia, reducción o cancelación de concesiones. Advirtió que este esquema representa un riesgo para la seguridad alimentaria, el desarrollo del campo y la equidad en el acceso al agua.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio planteó que la reforma concentra atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin establecer contrapesos suficientes. Argumentó que este diseño institucional puede derivar en prácticas de arbitrariedad y desincentivar la inversión en infraestructura hídrica por parte del sector agrícola e industrial.
El dictamen establece principios de gestión sustentable, con énfasis en el consumo personal y doméstico como prioridad nacional. Se incluyen medidas de fortalecimiento para los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento, así como lineamientos para la armonización legislativa en las entidades federativas en un plazo no mayor a 180 días tras su publicación oficial.
Además, la nueva ley incorpora criterios transversales, entre ellos equidad de género, atención a la discapacidad, interculturalidad, enfoque ecosistémico y participación intergeneracional. También introduce la figura de Responsabilidad Hídrica, un mecanismo que distingue a usuarios eficientes mediante incentivos administrativos y técnicos.
Durante el proceso legislativo, legisladores del PRI y otros partidos señalaron que la propuesta fue aprobada sin estudios económicos, ni evaluación de impacto presupuestal. Además, indicaron que no se realizó consulta previa a pueblos originarios, lo cual podría generar incertidumbre sobre la implementación del nuevo marco regulatorio.
Finalmente, la aprobación del dictamen se da en un contexto nacional caracterizado por sequías recurrentes, aumento de conflictos por uso del agua, urbanización acelerada y demanda creciente por parte del sector agroindustrial. El Ejecutivo Federal será ahora responsable de su publicación y posterior entrada en vigor.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
