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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por presuntos acuerdos ilegales en compras públicas. Estas prácticas anticompetitivas pueden tener un impacto significativo en la economía y en la libre competencia. En este contexto, es fundamental que las autoridades de competencia actúen de manera rápida y efectiva para investigar y sancionar cualquier práctica anticompetitiva que pueda perjudicar el funcionamiento correcto del mercado.
Por este motivo, se comenzó a investigar, bajo el expediente IO-003-2023, con lo cual se espera poder determinar si hubo prácticas monopólicas en la compra pública de insumos para las pruebas de tamiz metabólico neonatal.
De esta forma, la autoridad investigadora de la comisión dispondrá de un plazo inicial de hasta 120 días hábiles desde el comienzo de la investigación y puede extenderse hasta en cuatro ocasiones, para finalizar su indagación. Si se confirman los acuerdos ilegales, los responsables serán citados a un procedimiento legal para presentar su defensa.
No obstaste, la investigación en las pruebas de tamiz metabólico neonatal son cruciales para la salud de los recién nacidos, ya que permiten detectar condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas desde su nacimiento. A partir del año 1998, estas pruebas son obligatorias para todos los recién nacidos en México, y cualquier conspiración con la compra de dichos insumos puede llegar a tener graves consecuencias para la salud pública. Esto afecta directamente la calidad de vida de los niños y el índice de mortalidad infantil en el país.
Fundamentalmente, las empresas deberán entender la importancia de respetar las leyes de competencia y de no incurrir en acuerdos ilegales en compras públicas. La competencia leal es un pilar valioso para una economía sana y dinámica, y cualquier práctica anticompetitiva puede tener consecuencias graves para las empresas involucradas.
En conclusión, la investigación de la Cofece por presuntos acuerdos ilegales en compras públicas es un paso importante para garantizar la competencia justa y transparente en el mercado. Las empresas deben cumplir con las leyes de competencia y evitar cualquier tipo de práctica anticompetitiva que pueda perjudicar a los consumidores y a la economía en su conjunto.
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