Critican a AMLO por acuerdo para acelerar aprobación de megaproyectos

 23-11-2021
Patricio Contreras

 

   

 

Crédito foto: lopezobrador.org.mx

Crédito foto: lopezobrador.org.mx

 

El 22 de noviembre 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitió un decreto que declara los megaproyectos del ejecutivo como obras de interés público y seguridad nacional. Ello implica, según el Acuerdo, que dependencias de gobierno deben "otorgar autorización provisional [...] para iniciar los proyectos u obras [...] y con ello garantizar su ejecución oportuna". Con ello, se evita que obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas pueden ser frenadas por acciones administrativas o legales como amparos.

Este anunció generó una serie de respuestas, mayormente negativas, entre otros funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil, las cuales adujeron que se trata de un dictamen inconstitucional. Un ejemplo es Gustavo de Hoyos, abogado y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien declaró en redes sociales que la "Orden presidencial mata la legalidad" y llamó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover acciones de inconstitucionalidad.

Legisladores del Partido Acción Nacional como Margarita Zavala también expresaron su inconformidad en redes sociales. Zavala publicó al respecto que "obligan a dar todos los permisos en cinco días por doce meses para todos los proyectos del gobierno, sin importar impactos, estudios, derechos [...] se trata de un asalto a la constitución". Por otra parte, el INAI aseguró en un comunicado que ya se encuentra determinando si la declaración de obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información.

Por otra parte, durante la conferencia mañanera del 23 de noviembre 2021, el mandatario AMLO defendió el dictamen publicado el día anterior en el Diario Oficial de la Federación. Aseguró que se trata de una medida para evitar la burocracia y "agilizar trámites" relativos a las obras. También negó que obstaculice la transparencia o el proceso de generación de confianza en las instituciones gubernamentales y empresas participantes. "Esto no tiene nada que ver con la transparencia, todos estamos obligados a rendir cuentas", finalizó el presidente.

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