Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Durante la última década, el financiamiento público a los partidos políticos mostró una tendencia de crecimiento ligada al sistema de distribución vigente. De forma paralela, la reforma electoral en preparación plantea reducir el costo del modelo y ajustar sus reglas de asignación. El debate se centra en el volumen de recursos entregados, los criterios de reparto y el impacto en la competencia entre fuerzas políticas.
Entre 2016 y 2026, los seis partidos políticos con registro nacional recibieron 59 mil 505 millones 656 mil 161 pesos destinados a actividades ordinarias, sin considerar gastos de campaña, según datos del financiamiento público acumulado del periodo. El incremento respondió al esquema que usa la votación obtenida en la elección de la Cámara de Diputados y al crecimiento del padrón electoral como base de cálculo.
Morena, junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, concentró 44% de los recursos durante el periodo referido. Las propuestas preliminares de la reforma electoral plantean reducir ese monto hasta en 50%, con el objetivo de disminuir el costo global del sistema. A diferencia del PRI, el resto de los partidos mostró aumentos progresivos conforme mejoraron sus resultados electorales en comicios federales.
A pesar de su creación en 2015, Morena acumuló en once años 16 mil 726 millones de pesos, la cifra más alta entre las fuerzas políticas. Su crecimiento electoral explica el aumento presupuestal: pasó de 35 diputaciones en la LXIII Legislatura (2015-2018) a 190 en la siguiente, alcanzó 198 curules en la LXV y llegó a 253 escaños tras la elección de 2024, con mayoría simple propia y mayoría absoluta con aliados. Para 2026, el partido recibirá 2 mil 615 millones de pesos en actividades ordinarias, siete veces más frente a los 370.6 millones asignados en 2016.
El Partido Verde también registró un incremento relevante cuando en 2016 obtuvo 329.2 millones de pesos y para 2026 ejercerá 832.1 millones, casi el triple. Durante ese lapso, pasó de seis curules a convertirse en la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. El Partido del Trabajo siguió una trayectoria similar: su financiamiento subió de 211.6 millones a 670.6 millones de pesos, mientras sus diputaciones crecieron de 19 a 49 en cuatro legislaturas.
Además, el modelo actual de financiamiento opera desde 2007 y cambió en 2016 al sustituir el salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La fórmula multiplica el número de personas inscritas en el padrón por 65% del valor de la UMA; del total, 30% se reparte de forma igualitaria y 70% se distribuye según la votación más reciente para diputados federales. Este mecanismo provoca aumentos anuales al estar vinculado al crecimiento del padrón.
En la oposición, el comportamiento resultó desigual. El PRI, afectado por la reducción de votos, pasó de montos superiores a 900 millones de pesos a 982 millones tras el proceso electoral de 2024, luego de alcanzar mil 201 millones. El PAN recibió mil 297 millones, consolidándose como segunda fuerza en el Congreso. Movimiento Ciudadano elevó su presupuesto de 305 millones a 969 millones, pese a mantener una representación legislativa menor.
La reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir el costo de los partidos, aunque sin detallar el mecanismo. El Instituto Nacional Electoral sostiene la necesidad de conservar financiamiento público para garantizar equidad y prevenir recursos de origen ilícito, además de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad del gasto.
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