Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional que aplaza la elección judicial de 2027 a junio de 2028 y abre la posibilidad de hacerla coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó con el respaldo de la mayoría oficialista y el rechazo en bloque de la oposición. El dictamen reunió 341 votos a favor y 124 en contra durante la sesión previa a la discusión en lo particular.
Los legisladores opositores señalaron que el dictamen introduce modificaciones para permitir que, en administraciones posteriores, la revocación de mandato coincida con elecciones federales o locales. Esa posibilidad ya había sido rechazada previamente por el pleno de la Cámara de Diputados.
La reforma cambia el calendario de la elección judicial, prevista originalmente para 2027. El nuevo esquema la mueve al primer domingo de junio de 2028, fecha en la cual también podría realizarse una consulta de revocación presidencial si se solicita conforme a la Constitución.
El dictamen también reduce el número de candidaturas por cargo. Para ministros y magistrados electorales, el modelo pasa de 10 aspirantes a cuatro perfiles mejor evaluados. Después, esos cuatro se reducen a dos candidaturas mediante una insaculación pública, es decir, un sorteo realizado de forma pública.
Para magistraturas y juzgados de distrito, la lista bajará de seis a cuatro. En ambos casos, un sorteo público definirá las dos candidaturas finales.
El proyecto rediseña las boletas electorales e incorpora distritos judiciales electorales, los cuales deberán ser configurados por el INE a partir de la división de cada circuito judicial. La propuesta también establece que el escrutinio y cómputo de votos se realizará directamente en las casillas donde se emitan los sufragios.
La reforma vuelve a modificar la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al establecer que operará "en Pleno y en dos secciones", el dictamen plantea que la Corte no resolvería todos sus asuntos únicamente con la participación conjunta de todos sus ministros.
En términos simples, el Pleno seguiría siendo el espacio donde se tratan los asuntos de mayor relevancia constitucional. Las dos secciones, en cambio, funcionarían como grupos internos de trabajo para atender determinados casos y reducir la carga del máximo tribunal. Este modelo se parece al esquema de salas que existía antes de la reforma judicial de 2024, aunque ahora el texto las denomina secciones. Medios nacionales reportaron que la propuesta busca que esas secciones atiendan asuntos de menor complejidad para liberar trabajo del Pleno.