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En México, la religión es uno de los pilares sociales con mayor presencia en el país, lo cual se ha visto reflejado en su expansión y diversidad religiosa en los diferentes estados. Con datos actualizados hasta 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 90% de las personas son devotos de alguna religión.
Los datos permiten medir el nivel de aceptación de cultos religiosos en la cotidianidad de los mexicanos quienes ven en la religión un apoyo clave para la promoción de creencias y valores. Además, las cifras marcan la pauta del rumbo que deben tomar las instituciones públicas para la educación de los menores, quienes representan el 90% de la comunidad estudiantil en México.
A pesar de que el país cuenta con una fuerte aceptación religiosa, esta no puede ser predicada en diversos lugares, según las políticas y reglamentos que rigen a la nación mexicana. Por ejemplo, los centros escolares públicos, donde por decreto constitucional, la educación siempre será además de obligatoria, laica y gratuita en nivel básico.
Todo con la finalidad de no menguar en los ideales de los estudiantes hasta que puedan formar un criterio propio y no interfiera con sus conocimientos científicos. Sin embargo, es sabido que actualmente en el país 6 de cada 10 padres de familia se declaran a favor de la educación de culto en centros educativos públicos.
Esta situación ha desatado diversos debates en México y otras regiones de América Latina teniendo un alto alcance de difusión. Por ejemplo, NotiPress consultó el caso como Pavez vs Chile, donde se expuso la situación de Sandra Pavez, exprofesora de religión por más de 10 años. De acuerdo con el caso, la profesora fue redimida de su cargo debido a su orientación sexual por decisión de las autoridades religiosas. La institución tiene la facultad de elegir a sus profesores con base a una serie de aptitudes morales e intelectuales basándose en las creencias de cada religión.
El caso levantó el ojo mediático cuando llegó al Comité Interamericano de Derechos Humanos, como una de las luchas más largas en los últimos años para la protección de los derechos humanos. Además, luchar en contra de la discriminación y la importancia del respeto a los estatutos religiosos que pueden regir una comunidad. Una acción de esta índole marcó la pauta en Chile para permitir de manera libre la educación religiosa e incluirla en los programas de educación en los colegios públicos. Hoy en día, Chile es parte de una nueva forma de educar a nivel básico donde pueden colaborar la ciencia y la religión en un mismo sitio, las escuelas públicas.
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