Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Senado aprobó el Plan B de la reforma electoral con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida y turnando el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis. La iniciativa establece recortes presupuestarios, límites salariales a autoridades electorales y ajustes en la integración de gobiernos municipales.
Durante la discusión de cada punto en particular, el pleno aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), que eliminó las modificaciones al artículo 35 constitucional relacionadas con la revocación de mandato. La propuesta original del Plan B pretendía modificar el artículo para posibilitar que la revocación de mandato se realizara en 2027.
La legisladora del PT argumentó desde tribuna que la revocación y las elecciones "son mecanismos con propósitos distintos" y advirtió que mezclar ambos procesos "corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático". En el mismo sentido, expuso: "Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla".
Fuente: X @senadomexicano
El debate legislativo se extendió por más de seis horas y estuvo marcado por confrontaciones entre bancadas, así como por la postura del PT, cuyo respaldo resultó determinante para alcanzar la mayoría calificada. La sesión incluyó momentos de tensión, como el que sucedió entre la senadora Lilly Téllez (PAN) y el senador Saúl Monreal (Morena). Durante la discusión en tribuna, Téllez acusó a Monreal de "narco", lo que provocó una reacción inmediata del legislador, quien exigió pruebas y la retó a acudir a instancias jurídicas.
Tras la aprobación en lo general, se presentaron 18 reservas al dictamen, de las cuales solo prosperó la relacionada con la eliminación de cambios al artículo 35. El resto de las modificaciones propuestas por legisladores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y aliados fueron rechazadas, por lo que los artículos 115, 116 y 134 se aprobaron en sus términos originales.
Entre los ajustes avalados, se establece que:
- Los ayuntamientos (gobiernos municipales) ya no podrán tener un número variable amplio de funcionarios, sino que la reforma fija un límite máximo en su integración (1 sindicatura y hasta 15 regidurías).
- Los congresos estatales deberán mantener un presupuesto que no exceda el 0.7% del gasto total de su entidad.
- La reforma también fija que ningún consejero o magistrado electoral podrá recibir una remuneración superior a la de la Presidenta.
El proyecto contempla además una reducción progresiva del presupuesto del Senado, con el objetivo de alcanzar una disminución acumulada del 15% en los próximos cuatro ejercicios fiscales. También incluye medidas para eliminar prestaciones consideradas onerosas en órganos electorales y restringe la contratación de seguros con recursos públicos.
En días previos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el paquete legal mantiene la política de austeridad como eje rector, con énfasis en límites salariales, reducción de regidurías y mecanismos tecnológicos de fiscalización. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que es "indispensable que no se gaste tanto en procesos electorales ni en los partidos". Además presionó a los legisladores aliados al asegurar que quienes rechazan la reforma es porque "no quieren perder sus privilegios".
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, donde continuará el proceso legislativo. Para su entrada en vigor, la reforma deberá ser avalada posteriormente por la mayoría de los congresos estatales.
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