Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
Las deportaciones masivas desde Estados Unidos podrían intensificar el consumo de drogas en la frontera norte de México, según advierten organizaciones civiles. Lourdes Angulo Corral, directora de Verter A.C., señaló que "la falta de acceso de manera oportuna a los servicios de salud es lo que mata a las personas consumidoras de sustancias". La implementación de políticas unilaterales como "Remain in Mexico" y las promesas de deportaciones masivas por parte de Donald Trump están agravando la situación de vulnerabilidad de los migrantes deportados, quienes muchas veces recurren al consumo de sustancias para afrontar el aislamiento y la precariedad.
En 2024, Estados Unidos alcanzó el mayor número de deportaciones en una década, con 271,000 migrantes enviados a 192 países hasta septiembre, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Organizaciones en ciudades como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez reportan que la mayoría de los consumidores de sustancias inyectadas en la frontera son personas deportadas. Según Lilia Pacheco, directora de Prevencasa en Tijuana, "un 60% de los consumidores de sustancias inyectadas son personas deportadas, si crecen las deportaciones, va a crecer el consumo".
Estrategias de reducción de daños en la frontera
Frente a esta crisis, varias organizaciones civiles están implementando estrategias de reducción de daños para mitigar el impacto del consumo de drogas. En Mexicali, la organización Verter A.C. inauguró en 2018 "La Sala", el primer espacio de Latinoamérica diseñado para el uso seguro de drogas. Este lugar permite que los consumidores se inyecten bajo condiciones sanitarias controladas, reduciendo el riesgo de sobredosis y enfermedades infecciosas. Desde su apertura, "La Sala" atendió a más de 3,000 personas y manejado 100 emergencias relacionadas con sobredosis. Según Said Slim, cofundador de Verter, "respondemos a sobredosis y no dejamos prácticamente ningún efecto secundario".
Prevencasa opera en Tijuana bajo un esquema similar, distribuyendo tiras reactivas para detectar fentanilo en las drogas y kits con naloxona donada por organizaciones internacionales. Sin embargo, la naloxona, catalogada como psicotrópico en México, enfrenta estrictas regulaciones que dificultan su acceso. Clara Fleiz, investigadora especializada, destacó a Wired en Español que en Mexicali el 86% de los residuos de drogas analizados entre 2022 y 2023 contenían fentanilo, reflejando la gravedad del problema.
Una crisis nacional de fentanilo
El consumo de fentanilo en México ha aumentado drásticamente en los últimos años. Según el informe de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), los casos de tratamiento médico por esta sustancia crecieron de 25 en 2019 a 518 en 2023. Los estados con mayor consumo incluyen Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, donde las organizaciones de reducción de daños se han convertido en un pilar fundamental frente a la falta de políticas públicas efectivas.
A pesar de su eficacia, los programas de reducción de daños enfrentan múltiples desafíos, entre ellos, el estigma hacia los consumidores de drogas y la percepción negativa de estas iniciativas. María Elena Ramos, directora de Compañeros A.C. en Ciudad Juárez, subrayó que estos programas han prevenido cientos de contagios de VIH mediante estrategias como el intercambio de jeringas usadas por nuevas. Según Ramos, su enfoque busca "cambiar la percepción negativa que se tiene de los usuarios de drogas y el estigma que tienen los consumidores de sí mismos".
El doctor Jaime Arredondo Sánchez Lira, del Instituto Canadiense de Investigación sobre el Consumo de Sustancias, advirtió que México sigue adoptando políticas prohibicionistas que estigmatizan a los consumidores y dificultan la implementación de estrategias basadas en evidencia. "Se tiene que romper el estigma alrededor del consumo de sustancias", afirmó.
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