Qué sigue para el enfrentamiento entre Ricardo Anaya y la justicia mexicana

El excandidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, vuelve a estar en el centro de la discusión política nacional. Actualmente Ricardo Anaya enfrenta una acusación por presuntamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su audiencia de imputación programada para el 8 de noviembre se ha vuelto a aplazar, ahora para el 31 de enero de 2022, por lo que queda la duda de qué sigue para Ricardo Anaya y la justicia mexicana.

Previo a la audiencia aplazada, circuló en medios nacionales que la Fiscalía General de la República (FGR) pediría prisión preventiva para Ricardo Anaya. Además, se dijo en algunos rotativos, la FGR pediría la comparecencia presencial del excandidato. Cabe recordar, la audiencia de imputación estaba programada originalmente para el 26 de agosto 3032, pero la defensa de Ricardo Anaya pidió entonces más tiempo para preparar su defensa.

Además, en dicha ocasión, el juez encargado de la audiencia permitió a Anaya comparecer a través de videollamada pero subrayó que el acusado debía encontrarse en México y en presencia de su defensa jurídica para hacerlo. Anaya había anunciado el 21 de agosto 2021 su salida del país hacia Estados Unidos, ante la filtración de la acusación en su contra y se llamó a sí mismo perseguido político. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Migración registran su salida del país desde julio de 2021. Ante el señalamiento de persecución política, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró "No es mi fuerte la venganza" en su conferencia de prensa del 23 de agosto. Además aconsejó al excandidato no huir ni ampararse, sino defenderse con pruebas y "con la fuerza de la verdad".

En esta ocasión se dio a conocer, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió aplazar nuevamente la audiencia, a petición de la defensa de Ricardo Anaya. Sin embargo, este aplazamiento está condicionado a que Anaya se presente físicamente a la audiencia del 31 de enero, a las 9 de la mañana. De no hacerlo, la FGR podrá ejercer su facultad para presentarlo ante la justicia por cualquier medio. Según reportan medios nacionales, no hubo oposición al aplazamiento de parte de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o de los representantes de la cámara de diputados ahí presentes.

Según la versión pública de la denuncia contra Ricardo Anaya, la acusación proviene de Emilio Lozoya, quien declara haber recibido sobornos del conglomerado de negocios brasileño Odebrecht. Lozoya asegura haber recibido 10 millones de dólares para garantizarles el control sobre la producción petrolera en el país. Posteriormente 6 millones de pesos fueron entregados a Ricardo Anaya, a través de un tercero, por instrucciones "superiores". Esta cantidad, afirma la denuncia de Lozoya, se entregó a Anaya en el estacionamiento de la Cámara de Diputados en 2014, para que el entonces legislador votara por la reforma energética. Analistas políticos y la misma denuncia afirman, dicha reforma política privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras como Odebrecht.

La opinión pública y los analistas políticos estarán al pendiente de lo que suceda el próximo 31 de enero en este enfrentamiento entre Ricardo Anaya y la justicia mexicana. Si Ricardo Anaya, quien se declara inocente, no acudiera a su audiencia, correría el riesgo de ser declarado como sustraído de la justicia y enfrentar una orden de aprehensión. Como muchos consideran, de llevarse a conclusión este caso, representaría una avance clave para esclarecer las acusaciones de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto.