Foto: Gobierno de México
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reveló este 24 de octubre ejemplos documentados de un presunto uso irregular del extinto Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), entre ellos la asignación de 427 millones de pesos por olas de calor durante un año electoral. El informe incluye observaciones presupuestales, demoras administrativas y desviaciones en la aplicación de recursos.
Durante su intervención en la conferencia presidencial, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, explicó que la operación del fideicomiso permitía opacidad desde su diseño. "Nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros, no se publicaba, no se daba información, ni siquiera se tenía con exactitud cuántos fideicomisos existían", detalló.
Según el informe, entre 1999 y 2020 se aplicaron reglas que condicionaban el acceso a fondos federales a la aportación de estados o municipios. Además, el trámite para liberar apoyos podía extenderse más de 40 días hábiles, aun en escenarios con declaratoria oficial de desastre.
Los datos presentados señalan que varios gobiernos estatales utilizaron estos recursos fuera del propósito original, entre ellos para cubrir consultorías, servicios administrativos o pagos relacionados con gasto corriente. El informe también documentó casos sin comprobación formal de la aplicación de los fondos.
Una de las irregularidades destacadas corresponde al año 2018, cuando se emitieron declaratorias extraordinarias sin requerimiento de aportación estatal. "En 2018 se concentran 427 millones asignados a olas de calor", afirmó Buenrostro al mostrar una gráfica comparativa con otros ejercicios fiscales.
Otro hallazgo relevante refiere a adquisiciones con costos inflados. "Se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375% en las compras", sostuvo la funcionaria, aludiendo a auditorías oficiales y dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación.
El informe también recupera antecedentes de operativos donde los recursos del FONDEN no fueron utilizados en tiempo, ni orientados directamente a la población afectada. En sismos y eventos hidrometeorológicos registrados entre 2006 y 2017, los expedientes muestran demoras de hasta 120 días para iniciar obras, además de múltiples casos de sobreejercicio presupuestal sin sustento.
De acuerdo con la Secretaría, el modelo actual de respuesta ante desastres sustituye intermediarios financieros por mecanismos de entrega directa a los afectados. Este cambio, señaló la dependencia, permitió agilizar censos, transferencias y distribución de apoyos durante emergencias recientes.
Hasta el momento, la presentación no incluyó nombres de funcionarios ni menciones a procedimientos judiciales activos, aunque la titular del área anticorrupción indicó que existen procesos abiertos tanto en territorio nacional como en jurisdicciones extranjeras.
Finalmente, el material expuesto se compone de auditorías, reportes internos y análisis financieros de distintas dependencias federales. La información se entregó a la Presidencia como parte del seguimiento a las acciones de reconstrucción implementadas tras fenómenos recientes en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
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