Ciudad de México,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Extorsión y violencia continúan afectando a productores agrícolas en Michoacán, pese a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia, anunciada por el gobierno federal el 9 de noviembre de 2025, busca estabilizar una entidad clave en la economía agroexportadora, pero enfrenta obstáculos estructurales que limitan su efectividad frente al crimen organizado.
Presentado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el plan contempla más de 100 acciones distribuidas en 12 ejes, con un presupuesto superior a 57 mil millones de pesos. La titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, afirmó que "la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida". El despliegue incluye más de 10 mil elementos federales y unidades de inteligencia para atender delitos de alto impacto.
Sin embargo, un mes después de su arranque operativo, las extorsiones en el campo michoacano siguen activas. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala en un análisis que "la cuota impuesta por los grupos delictivos no distingue tamaño de productor: todos pagan por sembrar, cosechar o vender". La organización puntualiza que el control criminal sobre rutas, empaques y mercados convierte a la extorsión en un mecanismo estructural de dominación económica.
Michoacán lidera la exportación nacional de aguacate, berries y cítricos, con un valor agrocomercial superior a 111 mil millones de pesos en 2024. Esta posición estratégica convierte al estado en una zona de disputa para organizaciones delictivas, las cuales -según el análisis- perpetraron estructuras locales, imponiendo cobros y fijando precios a productores y comercializadores.
Las medidas implementadas del Plan Michoacan hasta ahora incluyen ferias sociales, canjes de armas y visitas a más de 129 mil viviendas en 95 municipios. Carlos Torres Rosas, secretario técnico del gabinete, informó que se realizaron 217 diálogos por la paz y que el trabajo conjunto permitió operativos de seguridad, distribución de apoyos agrarios y actividades comunitarias.
No obstante, los resultados en materia de seguridad siguen siendo limitados, explica la organización en sua análisis. Michoacán concentró el 5.5% de los homicidios dolosos en el país durante los primeros once meses de 2025, ubicándose como la séptima entidad con mayor incidencia. En este contexto, la ejecución de Carlos Manzo por parte de un joven vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación reavivó las dudas sobre el alcance de la estrategia federal.
El asesinato de Manzo -quien compitió como independiente tras distanciarse de Morena- tuvo implicaciones más allá del ámbito local. Según declaraciones de su viuda, Grecia Quiroz, el edil mantuvo confrontaciones públicas con figuras políticas como Leonel Godoy (diputado federal), Raúl Morón (senador por Morena) e Ignacio Campos (exdiputado federal). A raíz de estas tensiones, emergieron hipótesis sobre una posible intención política detrás del crimen.
Frente a estos antecedentes, el plan federal enfrenta tres retos clave según el análisis de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Primero, el modelo operativo privilegia la presencia territorial, pero no aborda la dimensión económica de la extorsión. Segundo, el sistema de justicia permanece débil, con procesos penales truncos y escasa judicialización. Tercero, los productores carecen de herramientas de protección y denuncia, situación que perpetúa el miedo y el silencio en las comunidades afectadas.
El gobierno federal insiste en que continuará con las acciones en campo, incluyendo operativos y programas sociales como la incorporación de abasto de lentejas al Plan Michoacán. Sin embargo, el análisis de Mexicanos contra la Corrupción advierte que "mientras los campesinos sigan pagando por trabajar sus tierras, la paz seguirá siendo un proyecto pendiente".
La efectividad del Plan Michoacán será evaluada por su capacidad de garantizar justicia y reducir el control del crimen sobre la vida económica del estado. Por ahora, la extorsión persiste, señala el análisis, como uno de los principales desafíos para el gobierno y un obstáculo crítico en la construcción de paz en el campo mexicano. Las acciones sociales contribuyen pero parecen no responder la pregunta de si el Plan Michoacán es un acierto o más de lo mismo.