Foto: Gobierno de México
La propuesta de una ley general contra el feminicidio en México plantea elevar las penas hasta 70 años de prisión, eliminar la prescripción de los casos y establecer un modelo homologado de investigación en todo el país. La iniciativa también incorpora medidas para garantizar la reparación del daño y ampliar los derechos de las víctimas indirectas.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la reforma será enviada al Congreso de la Unión "hoy mismo" [24 de marzo de 2026] y al Senado "a más tardar mañana". La iniciativa contempla modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a emitir una legislación general en materia de feminicidio.
Durante la presentación, Sheinbaum explicó: "La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicido y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo".
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, detalló que el proyecto busca establecer criterios uniformes en la investigación del delito. La funcionaria indicó que se obligará a las autoridades a investigar todas las muertes con perspectiva de género. En ese sentido, afirmó: "Para homogeneizar la investigación, se está estableciendo que los Ministerios Públicos no descarten la tentativa de feminicidio (..) tienen que investigar bajo el protocolo de feminicidio, accidentes, por ejemplo".
El planteamiento también incluye la eliminación de la prescripción de los casos, con el objetivo de evitar la impunidad en delitos que no fueron investigados de manera adecuada en su momento. Asimismo, establece la reparación integral del daño con características específicas: debe ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional.
En materia de derechos, la iniciativa incorpora medidas para víctimas indirectas. Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres, explicó que se consideran familiares como padres, hermanos y menores en situación de orfandad. Entre los derechos contemplados se encuentran el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita y seguridad social para menores afectados.
La propuesta también establece lineamientos para la entrega digna de los cuerpos de las víctimas y la provisión de servicios de traducción para garantizar el acceso a la justicia. Además, incluye obligaciones para medios de comunicación y plataformas digitales, los cuales deberán respetar la dignidad de las víctimas y evitar la difusión de imágenes.
En el ámbito institucional, todas las autoridades deberán garantizar el derecho a la verdad dentro de sus competencias. La iniciativa busca coordinar a fiscalías estatales bajo un mismo marco normativo, con el fin de mejorar la investigación y sanción del delito. El proyecto será discutido en el Congreso tras su envío formal, mientras se establecen las bases legales para su implementación a nivel nacional.
Contenido actualizado el 24-03-2026 08:51
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