Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
La Fiscalía General de la República concentró en un solo expediente tres investigaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Asimismo, la fiscalía confirmó que, aunque conoce su paradero, no lo ha citado formalmente a declarar. Las indagatorias integradas incluyen el secuestro de Ismael Zambada García, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y presuntas irregularidades electorales ocurridas en 2021 en la entidad.
De acuerdo con las investigaciones, Rocha Moya habría acordado reunirse en julio de 2024 con Zambada García, Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López. El encuentro no se concretó con la presencia del mandatario. En ese contexto, Cuén Ojeda fue asesinado y Zambada García fue privado de la libertad y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos.
La FGR solicitó además al gobierno estadounidense la información relacionada con señalamientos contra diez exfuncionarios sinaloenses, entre ellos Rocha Moya. Estos estarían presuntamente vinculados con pagos de sobornos por parte de la facción encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
En paralelo, la fiscalía informó avances en la investigación sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en la sierra de Chihuahua, en la zona de El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi.
Según la dependencia, se integran dos carpetas de investigación: una por ejercicio ilícito de atribuciones y otra para identificar a los responsables del narcolaboratorio localizado en esa región. De los 43 participantes en el operativo, 40 ya rindieron declaración ante el Ministerio Público Federal.
Hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el exfiscal estatal, César Jáuregui MorenoCésar Jáuregui Moreno, no han sido citados a comparecer.
La FGR indicó que ambas investigaciones continúan abiertas y que las diligencias avanzan con base en pruebas y declaraciones recabadas por el Ministerio Público Federal.