Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
La Política Estatal Anticorrupción del Estado de México (Edomex) fue aprobada en julio del 2020, por el Comité Coordinador. El cual es una de las 4 entidades que integran el Sistema Anticorrupción del Edomex, mismas que son las autoridades encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción mediante diversos órganos internos de control. Los otros organismos que comprenden este sistema son, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y el Sistema Municipal Anticorrupción. Ante esto la fiscalia de Edomex pide a la población romper "patrones culturales" para combatir corrupción.
A su vez, dichas entidades se basan en la Política Estatal Anticorrupción para controlar la arbitrariedad a través de la transparencia en trámites y servicios y la participación ciudadana. Esta política se centra en 5 ejes estratégicos, combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, fortalecer las interacciones del Gobierno y sociedad, involucrar a la sociedad y fortalecer la ética pública e integridad. En vista de ello, la Fiscalía del Edomex comparte cápsulas para divulgar información sobre aquellos actos considerados como corrupción y sobre como denunciar estos.
Recientemente, dicho organismo, hizo un llamado, a través de X, a la población a "romper patrones culturales" para combatir la corrupción. Buscando así crear conciencia sobre la importancia de denunciar actos de corrupción y que las autoridades puedan ejecutar las medidas correspondientes. A su vez, se describe la corrupción, contempla usar privilegios de un puesto público para obtener un beneficio ajeno común. Por ejemplo, usar información privilegiada para ganar dinero, apropiarse de bienes públicos o de una empresa, aceptar beneficios fuera del sueldo, realizar actos arbitrario en beneficio propio.
Mediante la implementación de políticas como esta y la integración de la población hacia esta clase de medidas, el Edomex busca frenar la corrupción y mejorar la confianza de la sociedad en el Gobierno. De acuerdo con el Sistema Anticorrupción, 47% de la población considera como primera prioridad a nivel nacional, castigar a ciudadanos y servidores públicos que cometan actos de corrupción. De modo que el Gobierno apela a la colaboración de los ciudadanos para frenar esta clase de actos.
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