Foto: X @azucenau
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quedó bajo custodia federal tras una audiencia judicial por cargos de narcóticos y armas. La acusación presentada por fiscales federales lo coloca ante una posible sentencia mínima de 40 años de prisión y máxima de cadena perpetua, en caso de ser condenado.
Este viernes 15 de mayo, Mérida compareció ante una corte federal de Nueva York, días después de su detención en Arizona. Durante la comparecencia inicial no se le exigió presentar declaración formal, fue ordenado permanecer detenido y deberá regresar a corte el 1 de junio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Mérida Sánchez, de 66 años, dentro de una acusación que incluye a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le atribuye conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para permitir la distribución de narcóticos hacia Estados Unidos. El Departamento de Justicia precisó que los cargos son acusaciones y que los señalados se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad.
El Gabinete de Seguridad de México informó que Mérida ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona. En ese punto quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos, antes de ser trasladado para enfrentar el proceso en Nueva York.
Mérida ocupó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Durante ese periodo estuvo a cargo de supervisar la Policía Estatal y de designar a su director. La acusación estadounidense sostiene que habría recibido pagos mensuales de al menos 100,000 dólares de "Los Chapitos", facción ligada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El caso también involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señalados en la misma acusación federal. Rocha Moya solicitó licencia temporal y el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Además, el Gobierno federal defiende la inocencia Rocha Moya hasta que la justicia estadounidense presente pruebas.
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