Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: SEMAR
El Gobierno de México amplió las investigaciones internas sobre el contrabando de combustible, conocido como "huachicol", en varios puertos marítimos del país, en respuesta a posibles vínculos entre redes criminales y funcionarios estatales. La medida fue documentada en una respuesta oficial de 217 páginas a senadores donde se detallan acciones de fiscalización en puertos estratégicos y agencias federales.
De acuerdo con el documento, con fecha de febrero, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno supervisa actualmente investigaciones en los puertos de Guaymas, Tampico y Ensenada. Asimismo, se indagan posibles actos de corrupción en la Marina y la agencia de aduanas.
Las investigaciones se ampliaron tras revelaciones contenidas en un reportaje de Reuters de 2025 sobre delitos de combustible vinculados a cárteles, y en respuesta a preguntas del Partido Acción Nacional (PAN) sobre presunta corrupción en instituciones estatales. Según el informe, el gobierno ya había reconocido con anterioridad una pesquisa en el Puerto de Tampico, donde en 2024 se detuvo a 14 personas, entre ellas agentes aduanales y elementos de la Marina.
El contrabando de combustible en México opera mediante la falsificación de documentos de embarque y aduanas. Los productos, provenientes principalmente de Estados Unidos, son declarados como derivados petrolíferos exentos de impuestos, lo que permite a los contrabandistas evadir gravámenes que pueden representar hasta la mitad del valor de la carga.
Funcionarios estadounidenses y mexicanos señalaron que los grupos criminales han incrementado la escala del contrabando, pasando del transporte terrestre al uso de buques cisterna, lo que indicaría una colusión directa entre cárteles y autoridades portuarias.
Reuters reportó que, en su investigación de 2025, rastreó un buque que descargó diésel importado en los puertos de Ensenada y Guaymas, aunque fue declarado como lubricantes sin impuestos. Esta operación provocó una pérdida fiscal estimada en siete millones de dólares para el erario mexicano.
El documento gubernamental señala que se sospecha que la empresa importadora estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con tres funcionarios de seguridad mexicanos y un informe confidencial sin fecha revisado por Reuters.
"El PAN en sus preguntas instó al gobierno federal a explicar cómo investigará, desmantelará y sancionará a cualquier persona involucrada en la red de contrabando de combustibles, incluyendo a altos funcionarios del gobierno que pudieran formar parte de ella", se lee en el informe.Hasta el momento, las administraciones portuarias de Guaymas, Tampico y Ensenada, así como la Marina, la Procuraduría General de la República y la agencia de aduanas, no han emitido declaraciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta presiones desde Washington para intensificar su política de seguridad. Según la agencia de noticias, "la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado bajo intensa presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga".