Ciudad de México,
Judith Moreno
Crédito foto: Gobierno de México
Reducir la extorsión en un año se convirtió en la nueva meta nacional de seguridad, tras el anuncio de una ofensiva coordinada entre el gobierno Federal y las 32 entidades del país. La estrategia, respaldada por una reciente reforma legislativa, contempla sanciones más severas, persecución de oficio y acciones específicas contra las redes delictivas que operan desde cárceles y zonas agrícolas.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, presentó el acuerdo ante los mandatarios estatales. "Creo que trabajando juntos el próximo año, para finales de 2026, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podremos decir que hemos bajado de manera importante el delito de extorsión", afirmó.
La legislación en vigor establece penas de hasta 42 años de prisión y reclasifica el delito como federal, lo que permite su investigación sin requerir denuncia de la víctima. "La modificación lo que hace es involucrarlo ahora como un ilícito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República (...), que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor", explicó Sheinbaum.
Por otro lado, el Gobierno desplegó medidas tecnológicas en reclusorios señalados por su alta incidencia delictiva. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el 9 de diciembre sobre la instalación de inhibidores de señal, sensores de movimiento y escáneres en centros penitenciarios como Altamira, Matamoros y Santa Martha Acatitla. "Se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales", detalló.
Datos oficiales indican cómo el 56% de las líneas utilizadas en extorsiones se concentraron en 12 cárceles. El plan prevé bloquear la señal en 14 penales federales y 13 de Ciudad de México durante el primer trimestre de 2026. Desde julio, se han registrado 102,857 llamadas al número de atención; 77,428 fueron intentos no consumados y 10,854 casos efectivos. Esto generó 3,684 carpetas de investigación en fiscalías locales.
En Michoacán, la implementación del Plan por la Paz y la Justicia ha enfrentado dificultades en zonas agrícolas donde persisten cobros ilegales a productores. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló que "la cuota impuesta por los grupos delictivos no distingue tamaño de productor: todos pagan por sembrar, cosechar o vender".
Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete, comunicó cómo se realizaron operativos, diálogos comunitarios y distribución de apoyos agrarios. El mismo análisis advierte que los mecanismos de denuncia son limitados y cómo muchas víctimas prefieren guardar silencio ante el temor de represalias.
Samuel García, gobernador de Nuevo León, transmitió que una iniciativa sobre castigos por extorsión se mantiene bloqueada en el Congreso. Durante la sesión del Consejo, explicó que varias son las iniciativas bloqueadas por el Legislativo estatal.
Sheinbaum concluyó que el Gabinete de Seguridad está integrado por funcionarios con experiencia previa en coordinación operativa. "Estoy segura de que, así como hemos bajado los homicidios, también vamos a avanzar juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general", indicó.