Lunes, 28 de septiembre de 2026

Gobierno Federal abre cuatro nuevas líneas de investigación por el caso Ayotzinapa

Ayotzinapa: cuatro nuevas líneas buscan esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes

Ciudad de México, 28-09-2026   Axel Olivares

Crédito foto: FGR

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación federal retomó información y líneas que no habían sido exploradas a profundidad para intentar reconstruir qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El Gobierno de México presentó avances de cuatro líneas construidas mediante el reanálisis de documentos, comunicaciones y otros elementos técnicos. Durante el informe, Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, explicó el alcance de esta revisión: "Esto permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores".

Llamadas llevan las pesquisas a funerarias y al Semefo

El estudio de comunicaciones permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y examinar posibles vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias de Iguala.

Las comunicaciones analizadas llevaron a las autoridades a poner atención en una funeraria cuyo propietario había utilizado un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos. A partir de ese indicio se realizaron cateos en octubre de 2025 en funerarias vinculadas con la investigación y en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.

Durante las diligencias fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de irregularidades en la operación de las instalaciones. Entre marzo y junio de 2026, nuevas búsquedas en espacios forenses permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.

Los materiales permanecen bajo análisis pericial para determinar posibles coincidencias con personas desaparecidas. A petición de las familias, el Equipo Argentino de Antropología Forense participa en la revisión.

Los teléfonos abren otra ruta sobre los estudiantes

Otra línea sigue tres equipos telefónicos pertenecientes a normalistas desaparecidos y busca establecer quiénes los utilizaron posteriormente. Uno de esos análisis llevó a una orden de aprehensión, librada el 24 de agosto de 2026, contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Otro de los teléfonos fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala que registró actividad la noche de los hechos y cuya posible participación permanece bajo investigación.

Las pesquisas también indagan si algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal de Iguala. Esta ruta incluye siete declaraciones —cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente—, además del seguimiento a uno de los dispositivos.

Identifican a un participante que tenía 14 años durante los hechos

Otra de las líneas incorporó a una persona que hasta ahora no había sido ubicada dentro de la investigación y que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años.

Una declaración rendida el 30 de julio aportó elementos sobre su posible intervención y fortaleció las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos. Con ese testimonio, las autoridades buscan precisar responsabilidades individuales dentro de los hechos ocurridos durante la desaparición de los estudiantes.

Videograbaciones ponen bajo investigación a exfuncionarios

La cuarta línea aborda el presunto ocultamiento de imágenes captadas por cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las grabaciones habrían registrado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas aquella noche.

La investigación derivó en la detención de una exmagistrada presidenta del tribunal y una exvisitadora. Sus declaraciones y otros elementos fueron incorporados a las pesquisas relacionadas con funcionarios de la época.

La revisión se desarrolla además sobre un expediente de aproximadamente cinco millones de páginas distribuidas en unos 3,000 volúmenes. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que la digitalización registra un avance cercano al 90% y explicó que el objetivo es aprovechar nuevas herramientas para profundizar en información reunida durante años de investigación.

"No vamos a bajar la guardia, intensificaremos las búsquedas, las investigaciones y profundizaremos en aquellas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los jóvenes", aseguró Medina.

Ayotzinapa  Investigación  FGR 

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