El Ejecutivo no puede frenar el impuesto a los videojuegos violentos, advierte legislador

Durante la conferencia matutina del 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la decisión de no cobrar el impuesto a videojuegos violentos. La declaración buscó frenar la aplicación del gravamen. "Yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia?", aseguró la presidenta.

Sin embargo, el marco normativo mantiene la obligación recaudatoria prevista en el Artículo 2º, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Así lo señaló el coordinador parlamentario Ricardo Monreal, quien, horas después del anuncio presidencial, difundió un mensaje público para precisar el alcance legal de la decisión. El legislador subrayó un punto central del sistema fiscal: el Ejecutivo carece de facultades para desactivar por sí solo una ley vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Desde el Congreso, Monreal detalló las rutas jurídicas disponibles para eliminar la tasa del 8%, constatada en septiembre de 2025. La primera vía consiste en una derogación expresa del inciso correspondiente dentro de la Ley del IEPS, procedimiento reservado al Poder Legislativo. Sin ese ajuste puntual, el impuesto conserva plena validez normativa vigente en la ley.

Otra alternativa expuesta contempla una modificación directa a la Ley de Ingresos federal. Este ajuste permitiría suprimir el concepto recaudatorio identificado como "videojuegos con violencia", alineando el documento presupuestario con el anuncio emitido por la Presidencia. El proceso requiere discusión parlamentaria y votación dentro del calendario legislativo vigente oficial.

Además, el legislador refirió una opción administrativa de carácter temporal. Ante un posible desfase en los tiempos legislativos, el Ejecutivo podría emitir un decreto de estímulo fiscal con exención total del pago. Esta herramienta permitiría neutralizar el cobro durante un periodo determinado, sin eliminar el impuesto del ordenamiento legal.

Igualmente, el planteamiento evidenció una regla básica del sistema tributario mexicano. Una vez publicada una obligación fiscal, las autoridades responsables de la recaudación no cuentan con margen operativo para omitir su aplicación sin respaldo normativo adicional. En ausencia de reforma o decreto, el Servicio de Administración Tributaria tendría atribuciones legales para integrar el gravamen en sus esquemas.

Finalmente, el calendario previo a enero mantiene el tema abierto. Cada semana sin resolución prolonga la expectativa sobre el desenlace legislativo y mantiene bajo observación el proceso necesario para retirar formalmente el impuesto a videojuegos, un asunto todavía en curso y pendiente de definición parlamentaria.