Foto: Gobierno de México
México solicitó 269 extradiciones a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, pero ninguna persona requerida fue entregada hasta el momento. Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual informó además que 36 solicitudes fueron negadas y 233 siguen pendientes de concluir.
Durante la conferencia matutina del 19 de mayo, Roberto Velasco, de la SRE, explicó el estado de los procesos bilaterales. De los 233 requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición. Esto significa que esos expedientes ya se tramitan ante autoridades judiciales y jueces.
Los otros 50 casos corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En este grupo, 3 ya fueron negadas y en 47 Estados Unidos pidió a México presentar información adicional antes de avanzar en el procedimiento.
Velasco sostuvo que ese requerimiento forma parte de la práctica bilateral entre ambos países. "Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado", señaló durante su intervención.
La revisión de pruebas marca el proceso
La SRE indicó que el Tratado Bilateral de Extradición permite solicitar más información durante distintas fases del proceso. Velasco explicó que los artículos 11 y 12 permiten pedir elementos adicionales en cualquier momento, especialmente cuando se revisan solicitudes de detención provisional.
El funcionario también señaló que el artículo 9 del tratado establece que ningún Estado está obligado a entregar a sus nacionales. Bajo esa base, México considera necesario revisar los elementos y argumentos antes de entregar a una persona mexicana requerida por otro país.
"Nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano", dijo Velasco al explicar el criterio jurídico aplicado por la Cancillería.
Las declaraciones se dan luego del pedido de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluido el gobernador. Rubén Rocha Moya. El Gobierno federal defiende su inocencia hasta que la justicia de Estados Unidos presente pruebas.
Casos mencionados por la Cancillería
La presentación incluyó ejemplos de expedientes en los cuales se pidió información adicional o se solicitó una petición formal. Entre ellos se mencionaron casos vinculados con Tamaulipas, Ayotzinapa, Infonavit, trata de personas, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Francisco Javier N., caso Tamaulipas: relacionado con uso ilegal de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La solicitud de detención provisional derivó primero en un requerimiento de información adicional y después en la petición de presentar una solicitud formal de extradición.
- Víctor Manuel N.: señalado por un caso vinculado con factureras y delincuencia organizada. La detención provisional fue negada porque, según la explicación de la SRE, no fue considerado un delito violento.
- Rafael N. y Elías N., caso Infonavit: relacionados con delincuencia organizada. Estados Unidos pidió a México presentar una petición formal, al considerar que no se trataba de un delito violento ni que los acusados representaran un riesgo para la sociedad.
- José Ulises N., caso Ayotzinapa: señalado por delincuencia organizada. En este expediente se requirió información adicional y pruebas dentro del proceso, presentado desde 2024.
- Pablo N., alias "El Transformer": identificado como miembro de Guerreros Unidos y vinculado con el caso Ayotzinapa por delincuencia organizada. En este caso también se solicitó a México presentar la petición formal.
- William N.: relacionado con un caso de trata de personas. La solicitud de detención provisional fue negada, según los ejemplos expuestos por la SRE durante la conferencia.
En algunos expedientes, Estados Unidos negó la detención provisional por considerar que no se trataba de delitos violentos o porque los acusados no eran vistos como riesgo para la sociedad. La SRE sostuvo que cada país analiza estas solicitudes conforme a su legislación interna y al tratado vigente.
El proceso de detención provisional incluye una verificación diplomática de la SRE, el envío a la Fiscalía General de la República y una revisión judicial por parte de un juez de distrito. La Cancillería puede apoyarse en la FGR como autoridad técnica en materia penal para revisar los elementos de cada expediente.
Como cierre de su exposición, Velasco afirmó que la postura mexicana es "legal y es convencional, es recíproca y es previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos y es naturalmente garante del debido proceso".
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el desequilibrio bilateral a la hora de pedir extradiciones y recordó que la relación debe ser recíproca. "¿Qué pide siempre México? Reciprocidad", afirmó.
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