Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Una de las principales incógnitas referente a la reforma eléctrica promovida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es si los mexicanos se verán beneficiados o no en el pago de sus servicios. La votación en torno a su aprobación será el domingo 17 de abril del 2022 y la oposición, conformada por el PRI, PAN y PRD anticiparon su voto en contra. Por su parte, la bancada de Morena y el gabinete del presidente apoyan en su totalidad la reforma. De acuerdo con el director general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Miguel Santiago Reyes, el objetivo es "revertir los aspectos más dañinos" provocados por la privatización del sector eléctrico.
Ahora bien, el Gobierno de México argumenta que la reforma eléctrica mejorará la economía de las familias porque los costos de los recibos de luz y gas tendrán un detrimento. Asimismo, aumentarán la inversión y se crearán aproximadamente medio millón de empleos en este sexenio y dos y medio millones más para 2025. De igual manera, se les dará mayor libertad a las decisiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE, también continuarán siendo empresas 100 por ciento públicas. Igualmente, se reforzará la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y será el regulador de la industria petrolera.
Sin embargo, el artículo de The Economist, Mexico’s energy reforms will damage the economy and the rule of law, señaló que después de la introducción de la reforma de 2013 la energía eléctrica mexicana fue la menos costosa del mundo. Asimismo, tuvo un impacto positivo en el medio ambiente al haber emitido 7.6% menos de CO2 en 2020. Igualmente, el artículo aseguró el inevitable incremento en el precio de la energía. Según lo explicado por el medio británico, CFE gasta al menos un 40% más que sus rivales privados para generar un kilovatio-hora de energía.
La nueva reforma busca suplantar a la aprobada en 2013, la cual es señalada por Reyes como inequitativa, porque, según el directivo, beneficia solo a un grupo minoritario y va en contra de la mayoría de la población. Además, aseguró que por medio de la nueva reforma se busca regular las sociedades de autoabastos, lo cual provoca una "competencia desleal". Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, comentó que el Estado proveerá de energía a la nación porque es una cuestión de "seguridad nacional y un Derecho Humano".
En contraposición, un análisis del Consejo Coordinador Empresarial, al cual tuvo acceso NotiPress, señaló que "destruiría el mercado" al remover los tres pilares esenciales para operar. Es decir, ser un regulador autónomo, un operador independiente, y un despacho eficiente de la electricidad. Asimismo, crearía un monopolio, y provocaría la cancelación de los permisos y contratos vigentes, lo cual costaría 44 mil millones de dólares a la inversión privada.
De acuerdo con la enciclopedia en línea especializada en Economía Economipedia, cuando existe un monopolio la cantidad producida es menor y el precio es mayor que en un escenario en el cual exista la competencia. En este sentido, un sistema monopólico beneficia directamente al monopolista, pues tiene más utilidades, pero perjudica a los consumidores. Por su parte, la reforma de la Cuarta Transformación representaría un incremento en los precios, porque CFE no cuenta con la capacidad de producir la energía suficiente para todo el país por sí solo.
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