Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Gobierno de México
El Gobierno de México anunció una serie de reformas en las leyes de adquisiciones y obras públicas con el objetivo de mejorar la eficiencia, aumentar la transparencia y fortalecer el contenido nacional en los procesos de contratación. La titular de la Secretaría de la Función Pública en materia de Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó en la mañanera del 10 de abril de 2025, los principales ejes de estas modificaciones durante una exposición oficial.
Respecto a la nueva Ley de Adquisiciones, Buenrostro explicó que se implementarán mecanismos como la subasta inversa, la adjudicación directa y los diálogos competitivos, con el fin de lograr "compras eficientes". Estas estrategias buscan mejorar el proceso de selección y contratación de bienes y servicios en el sector público. Asimismo, se dará prioridad a las adquisiciones con un mayor contenido nacional, lo que permitirá "fortalecer el mercado interno de abajo hacia arriba", añadió.
Otro aspecto destacado fue el compromiso con compras sostenibles, lo que implica la inclusión de criterios ambientales y sociales en los procesos de adquisición. En este contexto, la plataforma CompraNet experimentará una evolución para adaptarse a los nuevos requerimientos tecnológicos y normativos.
En cuanto a la Ley de Obras Públicas, Buenrostro señaló que se garantizarán "las mejores condiciones para el Estado" mediante la corrección de vicios normativos. Además, se permitirá la contratación de obras entre instituciones públicas, lo cual podría reducir costos y agilizar los tiempos de ejecución.
También se anunció una disminución de plazos en los procesos de contratación, con énfasis en la integridad, verificación y transparencia. Las reformas buscan además impulsar proyectos de infraestructura que generen "prosperidad compartida", promoviendo beneficios amplios para las comunidades involucradas.
Estas modificaciones legales forman parte de un esfuerzo por transformar los procesos gubernamentales de contratación y obra pública, alineándolos con principios de eficiencia, responsabilidad social y desarrollo económico nacional.