Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. Esto al señalar que omite avances institucionales y presenta conclusiones que no coinciden con la situación actual del país. Autoridades mexicanas indicaron que el documento no incorpora información actualizada entregada antes de su publicación.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron en un comunicado publicado el 2 de abril de 2026 que el reporte del CED es "tendencioso". Al no considerar "las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México", las cuales, según el comunicado, evidencian diferencias con la definición de desaparición forzada del propio comité.
El pronunciamiento oficial sostuvo que el procedimiento aplicado por la ONU corresponde a contextos donde las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, lo cual, afirmó el Gobierno, no corresponde a la realidad del México actual. Además, indicó que el informe se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y en cuatro estados específicos.
De acuerdo con el comunicado, el propio Comité reconoce en su resolución: "no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil". Las autoridades señalaron que este punto refleja una situación distinta a periodos anteriores en el país.
En contraste, el Comité contra las Desapariciones Forzadas informó que solicitó a la Asamblea General de la ONU analizar la situación en México bajo el artículo 34 de la Convención, al considerar existentes "indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad".
El organismo explicó que su decisión se basa en información recopilada desde 2012, incluyendo reportes de la sociedad civil, datos oficiales y hallazgos como más de 4.500 fosas clandestinas con miles de restos humanos. Asimismo, precisó que no encontró evidencia de una política federal deliberada, pero sí posibles patrones en distintas regiones.
Frente a estos señalamientos, el Gobierno de México reiteró que "no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas" y destacó reformas legales aprobadas en julio de 2025. Entre ellas se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte y la creación de bases de datos y plataformas de identificación.
Las autoridades también subrayaron el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la coordinación entre fiscalías y la integración de comisiones de víctimas al sistema nacional. Indicaron que estas medidas fueron desarrolladas con participación de familiares de personas desaparecidas.
El Ejecutivo federal afirmó que mantiene cooperación con organismos internacionales y está abierto a asistencia técnica, aunque rechazó evaluaciones basadas en premisas que no reflejan el contexto actual del país.
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