Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Actualmente, el mundo enfrenta una crisis migratoria sin precedentes donde México es un país de origen, transito y destino para los refugiados de la región. Así lo expresa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que a su vez resalta la necesidad de brindar especial atención a los migrantes homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales y de género diverso. Esto gracias a que el desplazamiento de dichos grupos los coloca en una situación de vulnerabilidad aún más frágil comparada con la de otros afectados, por motivos de discriminación y violencia.
Según datos emitidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existen riesgos y un limitado acceso a la garantía de derechos presentes en los contextos de migrantes de la comunidad LGBT. Se destaca la vulnerabilidad de este grupo marginado, pues atraviesan condiciones de vida incluso más complicadas debido a su orientación o identidad sexual. Uno de los principales motivos del desplazamiento de estas personas recae en una falta de protección consistente de los derechos humanos en sus países de origen.
De acuerdo con la ONU, los desplazados internos, refugiados y solicitantes de asilo vinculados con el movimiento LGBT tienen mayores probabilidades de sufrir abusos psicológicos y físicos, así como violaciones, torturas, asesinatos. Esto debido a que su expresión sexual y de género se interpreta como un desafío abierto hacia los lineamientos sociales dominantes en las naciones de destino, tránsito u origen. Aunado a esto, estas violencias no suelen reconocerse ni atenderse de forma sistemática. Esto ocasiona que se perpetúe la exclusión a partir de la discriminación, estigmatización y la persecución por agentes del Estado o ajenos a él.
Estos estos actos violentos relucen a través de la exclusión de servicios como viviendas seguras, falta de atención médica, falta de acceso a alimentos, productos básicos y servicios financieros. Asimismo, se les dificulta su aproximación a las economías formales, lo cual incrementa su exposición ante riesgos como la explotación sexual. La OIM detalla que este fenómeno implica una inseguridad jurídica que dificulta el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.
Para combatir esta problemática, es necesario que los Estados y las organizaciones humanitarias inviertan en programas, proyectos y políticas dirigidas a garantizar el debido cumplimiento de los derechos humanos. Es necesario que los actores responsables de la seguridad y de la protección ciudadana fortalezcan y promuevan el respeto a cualquier persona de orientación sexual e identidad de género diferentes.DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
