Foto: Gobierno de México
El Gobierno de México anunció la implementación de nuevas estrategias para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. A través de reformas legales y herramientas tecnológicas, se busca garantizar respuestas inmediatas y mejorar la coordinación entre autoridades, instituciones y la sociedad civil.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, aseguró en la mañanera del 24 de marzo de 2025, una de las principales medidas es la creación de la Plataforma Única de Identidad, que utilizará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares como identificador oficial. Todas las autoridades deberán registrar y compartir en tiempo real la información vinculada a la CURP para facilitar la localización de personas desaparecidas. Además, los sectores financiero, de transporte, salud y telecomunicaciones deberán integrar sus registros en esta plataforma en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor de la reforma.
Otro eje clave es el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual permitirá notificar de inmediato a autoridades y privados sobre desapariciones mediante fichas de búsqueda. También cruzará información en tiempo real con otras bases de datos para detectar coincidencias con registros de identidad, antecedentes criminales y servicios privados.
Para agilizar la respuesta ante denuncias, las fiscalías estarán obligadas a abrir una carpeta de investigación de manera inmediata, sin esperar 72 horas. Además, deberán actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses, que incluirá información sobre personas fallecidas no identificadas, registros de fosas comunes y bases de datos genéticas.
Las fiscalías estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda recibirán refuerzos tecnológicos y mayor financiamiento para fortalecer las tareas de rastreo en campo, incluyendo el uso de imágenes satelitales y sistemas de videovigilancia.
Para garantizar la actualización constante de los registros, las instituciones que incumplan con sus obligaciones serán sancionadas con multas de hasta 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con estas reformas, México busca mejorar la respuesta ante desapariciones, optimizar la localización de personas y ofrecer herramientas más eficaces para la protección de la población.
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