Registra México más de mil 600 linchamientos desde 2016

La muerte de Camila, una niña de ocho años, desató una ola de indignación en Taxco de Alarcón, Guerrero, culminando en el linchamiento de tres personas presuntamente involucradas en su asesinato. Ana Rosa "N", señalada como responsable, fue brutalmente golpeada por una multitud que la extrajo de su hogar, resultando en su muerte.

Este trágico evento pone de relieve un problema creciente en México: el aumento de linchamientos. Estudios del Instituto Belisario Domínguez del Senado y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco indican que, desde 1992 hasta 2022, ha habido un promedio de 3.5 linchamientos o intentos de estos cada mes. En el periodo de 2016 a 2022, se registraron mil 423 casos de linchamientos y 196 intentos.

Los expertos consideran que estos actos son una respuesta punitiva no legal ante la crisis de autoridad y la pérdida de confianza en los sistemas de procuración y administración de justicia. Los linchamientos, aunque prohibidos por la Constitución, continúan ocurriendo, lo que refleja una crisis en la impartición de justicia y una vulneración de los derechos de los acusados.

Aunque hay ya una definición clara del linchamiento, los académicos distinguen algunos elementos que facilitan la observación empírica, como el hecho consumado y la tentativa infructuosa de "provocar la muerte". Otro rasgo fundamental es el carácter generalmente anónimo de los participantes en el acto con una función punitiva; anonimato de la acción, condicionado por su duración y esta a su vez por el grado de violencia ejercida.

Las cifras muestran que los estados con más casos son el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, con motivaciones que van desde el robo hasta la violación. La senadora Josefina Vázquez Mota propuso en 2022 una iniciativa para tipificar los linchamientos en el Código Penal Federal, en respuesta al hartazgo ciudadano y la desconfianza en las instituciones de seguridad.

Recientemente, el Senado aprobó una reforma para mejorar los protocolos de actuación de los primeros respondientes, buscando fortalecer la respuesta inmediata a delitos y preservar la evidencia. Este cambio legislativo es un paso hacia la restauración de la confianza en la justicia penal y la prevención de la justicia por mano propia.