Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Gobierno de México
México registró 18 periodistas asesinados durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras los compromisos presidenciales para fortalecer la libertad de prensa muestran avances insuficientes y retrocesos institucionales. El balance publicado en octubre de 2026 por Reporteros Sin Fronteras (RSF) examina 22 compromisos asumidos por la mandataria en 2024 y señala deficiencias persistentes en protección, acceso a la información e investigación de agresiones.
Los asesinatos corresponden a uno ocurrido en octubre de 2024, nueve durante 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026. La situación llevó a la organización y a más de 40 medios mexicanos a impulsar una campaña conjunta el 26 de agosto, bajo la pregunta: "¿Cuántos más de nosotros tendrán que morir para que el Estado mexicano actúe?".
México ocupa el puesto 122 entre los 180 países incluidos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026.
La evaluación identifica contradicciones entre las declaraciones presidenciales de respeto al periodismo y las descalificaciones dirigidas contra medios y profesionales críticos, mediante expresiones como "propaganda de la derecha" y "comentócratas".
Aunque Sheinbaum condenó públicamente algunos asesinatos y solicitó investigaciones, estas respuestas fueron puntuales. No se identificó una estrategia gubernamental sostenida para prevenir la violencia y promover el respeto a la actividad periodística.
Otro retroceso señalado corresponde a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobada en diciembre de 2024. El nuevo modelo transfirió competencias a estructuras vinculadas al Poder Ejecutivo, debilitando las garantías de independencia institucional.
El Mecanismo Federal de Protección atiende a 2.355 beneficiarios, pero durante el periodo evaluado no fue sometido a una revisión integral de su funcionamiento ni incorporó nuevas medidas de apoyo psicoemocional.
La situación resulta especialmente preocupante porque dos periodistas asesinados en 2026 habían sido incorporados a mecanismos estatales de protección. Además, la tasa de aceptación de solicitudes de incorporación al mecanismo federal cayó al 25% durante 2025.
Aunque se realizaron encuentros nacionales de coordinación y 386 funcionarios estatales recibieron capacitación, no existen resultados suficientes para acreditar mejoras efectivas en los protocolos.
Las dificultades también alcanzan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Entre julio de 2010 y junio de 2026 se iniciaron 1.909 investigaciones por diversos delitos contra periodistas, pero únicamente 53 registraron sentencias condenatorias. De estas, solo 11 corresponden a homicidios.
La salida de funcionarios especializados y la incorporación de personal procedente de otras áreas de la Fiscalía General de la República debilitaron la capacidad investigativa. La evaluación considera esta situación un retroceso institucional.
La búsqueda de periodistas desaparecidos constituye otra deuda pendiente. La organización registra 29 casos y advierte que las medidas gubernamentales recientes no atienden específicamente las necesidades de este colectivo.
En septiembre de 2026, Zacatecas eliminó de su Código Penal el delito de calumnia, una figura legal que puede utilizarse para perseguir judicialmente a periodistas por sus publicaciones. Sin embargo, en estados como Nuevo León y Yucatán todavía permanecen pendientes reformas para eliminar este tipo de delitos y reducir los riesgos legales para quienes ejercen el periodismo.