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Durante los primeros seis meses de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó alrededor de 10 mil "factureros", y de estos, 700 entraron a la lista negra oficial de la institución. Según explicó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, durante su conferencia de prensa matutina del 22 de junio, "desde hace 10 años empezaron a operar empresas factureras para falsificar facturas, para expedir facturas apócrifas".
En este sentido, AMLO mencionó, estas empresas, a través de mecanismos de lavado de recursos, terminaban por no pagar completos los impuestos, e incluso, llegaron a no pagar nada. Además, agregó que se desarrolló "una especie de SAT paralelo", es decir, un sistema de recaudación informal cometiendo fraude. El presidente de México aclaró, no dará nombres de los factureros.
Según información del SAT, poco más de cien factureros han ganado amparos. No obstante, la gran mayoría de los acusados de emitir facturas falsas no han podido comprobar su inocencia, por ello, medios mexicanos especulan, junto con los evasores de impuestos resultantes de las primeras declaraciones provisionales de impuestos durante febrero de 2020, podrían resultar las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal, la cual entró en vigor apenas en 2020.
Asimismo, se registró que sólo diez contribuyentes comprobaron su inocencia a partir de documentos legales. Igualmente, 165 empresas recurrieron a un medio de defensa y resultó a su favor. Entre la lista negra del SAT se encuentras empresas de construcción, despachos de arquitecturas, corporativos, firmas de asesoría fiscal y administrativa, personas físicas y el Consejo de Pymes del Estado de México.
El listado, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), surge de las notificaciones enviadas a los presuntos defraudadores después de comprobar que no cuentan con personal, infraestructura, capacidad material o activos en función de prestar servicios, o comercializar bienes que amparan los comprobantes fiscales emitidos. De esta manera, el SAT empezó a preparar órdenes de aprehensión contra los factureros, quienes no han podido comprobar su inocencia.
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