Ciudad de México,
Axel Olivares
Crédito foto: Homeland Security
Una propuesta bipartidista busca aumentar el control sobre el robo y contrabando de combustibles atribuido a cárteles mexicanos, conocido popularmente como huachicol. La iniciativa apunta al financiamiento criminal detrás de este delito y al uso de inteligencia para rastrear operaciones transfronterizas.
En Washington, los senadores John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentaron el proyecto "Stop Fueling Cartel Violence Act". La medida busca obligar al Departamento de Defensa a informar al Congreso sobre acciones contra el tráfico ilegal de hidrocarburos en la frontera.
"El robo de combustible en México se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera, y debemos tomar medidas para combatirlo", declaró Rosen.La discusión tomó fuerza después de una investigación de Reuters publicada el 27 de mayo. El reporte describió un presunto esquema de huachicol fiscal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización designada por Washington como terrorista extranjera en 2025.
Esta modalidad difiere del robo tradicional en ductos de Pemex. El mecanismo combina comercio internacional, evasión tributaria, empresas fachada y manipulación aduanera para ingresar combustibles declarados bajo categorías con menor carga fiscal.
Documentos revisados por la agencia de noticias señalaron cargamentos de diésel y nafta enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia México. Parte de esos productos habría sido declarada como lubricante para evitar impuestos aplicados a la importación de combustibles.
Reuters estimó que uno de los cargamentos investigados habría permitido evadir alrededor de 7 millones de dólares en impuestos. La diferencia fiscal entre combustibles y lubricantes aparece como una pieza central del presunto esquema.
La investigación colocó a Ikon Midstream, comercializadora con sede en Houston, en el medio del caso. La compañía es investigada en México por presuntos vínculos con operaciones de contrabando y fue allanada en abril por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Ikon Midstream negó haber cometido irregularidades y rechazó haber dado apoyo material al CJNG. La empresa atribuyó posibles inconsistencias en documentación de exportación a "errores administrativos".
Los buques Torm Agnes y Torm Louise aparecen en la documentación revisada por Reuters como parte de las rutas investigadas. Los cargamentos fueron descargados en los puertos mexicanos de Ensenada y Guaymas mediante camiones cisterna presuntamente asociados con una red criminal.
La propuesta legislativa también refleja preocupación por la sofisticación de estas redes. Los senadores señalaron el uso de operadores logísticos, transportistas, estructuras de lavado y compañías sin presencia física verificable para mover hidrocarburos entre ambos lados de la frontera.
"Los cárteles y otros grupos criminales en México están desarrollando métodos cada vez más sofisticados para robar o contrabandear productos de hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y utilizar las ganancias para financiar el narcotráfico y la trata de personas que se infiltra en nuestras comunidades y mata a estadounidenses inocentes todos los días", dijo Cornyn.El caso suma presión sobre las cadenas energéticas regionales y sobre los controles aplicados a importadores, navieras, traders y transportistas. La propuesta del Senado busca convertir el huachicol fiscal en un asunto de seguridad fronteriza, comercio energético y financiamiento criminal transnacional.
Aún no se ha fijado una fecha para la votación del proyecto de ley. El Comité de Servicios Armados debe debatir el texto, realizar las enmiendas que considere necesarias y votar para aprobarlo. Una vez aprobado por el comité, el liderazgo del Senado (la mayoría legislativa) debe agendar el proyecto en el calendario legislativo para su discusión y votación final.