Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían tener un componente político si no están respaldadas por pruebas contundentes. La mandataria subrayó que cualquier investigación en México dependerá de la evidencia formal que sea remitida a la Fiscalía General de la República.
Durante su conferencia del 30 de abril, la jefa del Ejecutivo destacó el carácter inédito del caso al señalar: "Esto no había ocurrido nunca antes, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones".
Sheinbaum reiteró que el marco legal mexicano exige pruebas suficientes antes de proceder judicialmente. "La legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito", explicó.
En ese sentido, la mandataria insistió en que, de no existir evidencia clara, las acusaciones podrían tener otra motivación. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", declaró.
Asimismo, reafirmó la postura de su gobierno respecto a la soberanía nacional: "Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México".
En el mismo contexto, la presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en 2020 en Estados Unidos. "Recuerden el caso Cienfuegos. Detienen al general en Estados Unidos en el período del presidente López Obrador", mencionó.
Sobre ese antecedente, añadió: "La Fiscalía General de la República pide pruebas. Se analizan, incluso se presentan aquí, en la mañanera por el entonces presidente López Obrador. Se presentan y no tienen sustento, tan es así que regresa el general Cienfuegos y es liberado".
El caso actual involucra a funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras el gobierno mexicano mantiene su postura de esperar pruebas antes de emprender acciones legales.
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