Foto: Gobierno de México
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las denuncias relacionadas con la grabación del reality show Survivor en Cayos Cochinos, Honduras. La mandataria sostuvo que las actividades económicas realizadas en espacios naturales protegidos o en tierras pertenecientes a pueblos originarios deben cumplir con las regulaciones correspondientes.
La mandataria mantuvo cautela sobre las acusaciones que involucran al empresario Ricardo Salinas Pliego, al señalar que conoció el caso mediante redes sociales y que es necesario disponer de toda la información antes de emitir una conclusión. "Si es así, pues no está bien", expresó al referirse a los hechos denunciados.
Sheinbaum agregó que cualquier actividad desarrollada en un espacio protegido para la conservación de la naturaleza debe sujetarse a las regulaciones aplicables. Extendió ese criterio a los territorios donde los pueblos originarios son propietarios de la tierra y consideró indispensable cumplir las disposiciones requeridas para desarrollar actividades económicas.
La postura ocurre después de que la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunciara un operativo para desalojar a integrantes del pueblo garífuna que protestaban contra la grabación de Survivor en Cayos Cochinos. De acuerdo con su coordinadora, Miriam Miranda, más de 200 policías fueron desplegados el 17 de septiembre para retirar el campamento.
OFRANEH sostiene que la producción del programa afecta actividades como la pesca artesanal y altera el entorno durante la temporada de desove de la tortuga carey. La organización también cuestiona las restricciones impuestas a comunidades garífunas que reclaman derechos territoriales en la zona.
Miranda responsabilizó directamente a Salinas Pliego al señalar que el predio donde se desarrollan las actividades pertenece al consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario, según OFRANEH, es Fundación Azteca Honduras. La dirigente acusa al empresario de vulnerar los derechos del pueblo garífuna.
El conflicto escaló después de que un juzgado de San Pedro Sula ordenara desalojar a los manifestantes, considerados en la resolución como "ocupantes no autorizados". OFRANEH sostiene, por su parte, que las comunidades cuentan con derechos colectivos reconocidos mediante resoluciones internacionales y reclama el cumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Frente a estas acusaciones, la producción de Survivor sostiene que cuenta con las autorizaciones correspondientes de las autoridades hondureñas y de la Fundación Cayos Cochinos, responsable de administrar el área protegida. La respuesta de Sheinbaum se mantuvo condicionada al esclarecimiento de los hechos y puso el énfasis en el cumplimiento de las regulaciones ambientales y territoriales aplicables.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
