Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Durante el lunes 19 de agosto de 2024, la presidenta electa Claudia Sheinbaum abordó la reforma al Poder Judicial, que provocó un paro entre jueces, magistrados y ministros iniciado esta mañana. Entre las propuestas de dicha reforma realizada en la Cámara de Diputados por funcionarios del gobierno actual se establece que, la selección de jueces y ministros se hará mediante voto popular. La respuesta frente a las modificaciones ha sido un amplio rechazo entre los trabajadores del sector judicial y otros grupos de la población.
Durante su intervención, Sheinbaum aseguró, esta reforma no afectará los derechos laborales de los trabajadores judiciales y dijo, también se preservará el respeto a la carrera judicial a pesar de los planteamientos de la propuesta los cuales apuntan a que cualquier persona podrá ser nombrada para estos cargos. Sobre esto, la próxima presidenta subrayó, el nuevo sistema permitirá a personas en distintas funciones del ámbito judicial, como los secretarios de acuerdos, participar en el proceso de selección. Estos trabajadores, según Sheinbaum, a menudo realizan tareas equivalentes a las de los jueces sin recibir el reconocimiento adecuado.
Sheinbaum argumentó también que la reforma contribuirá a una mayor autonomía del Poder Judicial, a pesar de los señalamientos contrarios en las críticas actuales hacia la legislación. Afirmó, el sistema actual, donde los jueces y ministros son elegidos por el Senado, puede estar influenciado por intereses partidarios y favores políticos. Con la reforma, la selección se realizará por la ciudadanía, reduciendo la posibilidad de que los cargos judiciales se otorguen en función de intereses políticos, comentó.
En la discusión al respecto del tema, la presidenta electa desarrolló algunos puntos clave del proyecto. Según dijo, la reforma incluye la introducción de convocatorias, comités de selección y requisitos específicos para los candidatos que quieran postularse. Además, se prevé un aumento en el número de nombramientos para la Suprema Corte, por parte del ejecutivo, pasando de 9 a 27, según los cambios propuestos.
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