Foto: Gobierno de México
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el 18 de agosto la presentación realizada por Luisa María Alcalde durante el ejercicio de derecho de réplica, un segmento dedicado a responder diferentes afirmaciones de la prensa, y rechazó que los nombres de periodistas y medios exhibidos desde Palacio Nacional constituyeran una lista de censura. La mandataria sostuvo que el propósito fue explicar cómo determinadas publicaciones pueden ser retomadas y amplificadas en redes sociales hasta convertirse en tendencias contra el Gobierno.
"Primero, no hubo ninguna lista", respondió Sheinbaum cuando fue cuestionada sobre si la presentación responsabilizaba directamente a los comunicadores mencionados. Después precisó que Alcalde presentó ejemplos de contenidos que, de acuerdo con la explicación gubernamental, son utilizados por cuentas y redes digitales para generar tendencias de opinión contra su administración. La mandataria afirmó además que ese proceso puede ocurrir sin participación directa del periodista cuya nota funciona como punto de partida.
La presidenta puso como ejemplo contenidos sobre seguridad y desabasto de medicamentos que, desde la perspectiva del Gobierno, siguieron circulando después de haber sido aclarados o fueron reutilizados en contextos distintos. También mencionó casos de imágenes tomadas en otros países y atribuidas a México, así como publicaciones que después alimentaron etiquetas o tendencias políticas.
"¿A quién se le censura?"
Fuente: X @azucenau
El punto más disputado fue la decisión de presentar nombres propios dentro del esquema explicado por Alcalde. La consejera jurídica presentó 41 periodistas, 13 medios de comunicación y más personas en un análisis titulado "Anatomía de un ecosistema de amplificación digital". Periodistas como Carmen Aristegui, Paola Rojas, Joaquín López-Dóriga, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón y Luis Cárdenas aparecieron en la exposición, junto con medios como Latinus, El Universal, ADN 40 y Aristegui Noticias.
Sheinbaum negó que esa inclusión equivaliera a calificarlos como enemigos del Gobierno. "Entonces nadie está censurándolos, nadie", aseguró y añadió que desde la Presidencia no se ha pedido retirar conductores ni impedir la difusión de opiniones críticas.
"Me parece que podría representar un riesgo para las y los periodistas y los medios que son mencionados, sobre todo en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo", afirmó Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RFS).
Por su parte, López-Doriga ironizó acerca de su mención: "Para mí es un honor estar en esas listas de críticos y hubiera sido una vergüenza personal y profesional que a estas alturas de mi vida, este régimen no me viera como tal".
Mientras tanto, otros periodistas mencionados hicieron énfasis en el riesgo de ser mencionados por el Gobierno. "Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad", reclamó Carmen Aristegui.
La mandataria insistió en que Alcalde "nunca planteó esta es la lista de los malos periodistas o esta es la lista de los que critican al gobierno". Para Sheinbaum, los nombres fueron utilizados como ejemplos de contenidos posteriormente retomados por redes de amplificación, no como una acusación de participación directa en esas operaciones.
Pese a respaldar el ejercicio, Sheinbaum aceptó que la exposición de nombres podría evitarse en adelante. "Si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres".
Esa posibilidad no modificó su respaldo al fondo del planteamiento. La presidenta dijo estar de acuerdo con continuar la discusión sobre redes pagadas, bots y troles que, de acuerdo con la posición gubernamental, pueden convertir publicaciones en tendencias de opinión.
Derecho de réplica frente a críticas de la prensa
Sheinbaum también defendió que el Gobierno utilice espacios públicos para responder a medios cuando considere que una publicación contiene datos falsos, medias verdades o información desactualizada. Mencionó a Proceso, Reforma, El Universal, TV Azteca, Televisa y Milenio como ejemplos de medios frente a los cuales la administración puede ejercer ese derecho.
La controversia, sin embargo, no quedó limitada al concepto de censura. Periodistas incluidos en la exposición y organizaciones dedicadas a la libertad de prensa cuestionaron el riesgo de que la identificación pública de comunicadores desde una tribuna gubernamental incremente el hostigamiento digital o contribuya a desacreditar su trabajo.
El hecho adquiere gran relevancia por la hostilidad que vive el periodismo en México. Entre enero y julio de 2026, organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras documentaron al menos siete periodistas y comunicadores asesinados en posible relación con su actividad informativa. Además, la primera organización mencionada registró 451 agresiones contra periodistas: 199 correspondieron a un "ambiente hostil", 151 tuvieron relación con abuso del poder público y 53 fueron casos de violencia física y ataques directos.
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