Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La ofensiva de seguridad de Estados Unidos ya tiene un dato que colocó a México en el centro de la discusión internacional: 26 presuntos integrantes de cárteles mexicanos fueron detenidos durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. El caso llamó atención fuera de Norteamérica porque forma parte de una campaña más amplia contra organizaciones criminales que Washington ahora persigue bajo un marco de terrorismo.
Dentro de ese balance, las autoridades estadounidenses ubicaron a los detenidos en cuatro grupos del crimen organizado de México. El recuento incluye 11 integrantes del Cártel de Sinaloa, 11 de La Nueva Familia Michoacana, tres del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno del Cártel del Noreste. La cifra se incorporó a un reporte oficial más amplio sobre arrestos de miembros de organizaciones extranjeras consideradas una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia señaló que, en total, fueron detenidos 93 presuntos integrantes de Organizaciones Terroristas Extranjeras en ese mismo periodo. Además de los grupos mexicanos, el informe también menciona capturas ligadas al Tren de Aragua, Los Choneros, Mara Salvatrucha y los Sureños. Ese punto amplía el alcance de la noticia y la coloca en un escenario regional, no solo bilateral.
Washington dio ese paso después de formalizar en febrero de 2025 la designación de varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. La medida alcanzó al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. Con esa decisión, el gobierno estadounidense amplió las herramientas legales para investigar, acusar y sancionar a personas vinculadas con esas estructuras.
La presión también avanzó mediante acciones coordinadas con México. Durante 2025, autoridades mexicanas realizaron entregas de personas requeridas por la justicia estadounidense en dos momentos distintos. El primero ocurrió el 27 de febrero, cuando fueron transferidos 29 acusados. El segundo se registró el 12 de agosto, con otros 26 fugitivos buscados por delitos violentos y graves.
Entre los nombres de mayor peso en esos procedimientos aparecieron perfiles ligados a facciones del Cártel de Sinaloa, al CJNG, al Cártel del Noreste y a otros grupos con presencia en ambos lados de la frontera. Para Washington, esos movimientos forman parte de una ofensiva dirigida a reducir las operaciones de redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, la violencia organizada y otros delitos transnacionales.
La lista de 26 detenidos incluye de forma directa a cuatro cárteles mexicanos. Esa cifra se volvió relevante para una audiencia internacional porque muestra cómo la política de seguridad de Estados Unidos dejó de limitarse al combate antidrogas tradicional y pasó a integrar un marco de persecución más amplio contra redes criminales del continente.
El caso también refleja que la ofensiva estadounidense no se concentra únicamente en México. El mismo balance incluyó arrestos relacionados con organizaciones de Venezuela, Ecuador y El Salvador, dentro de una campaña regional enfocada en estructuras con presencia transnacional.
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