Foto: Youtube @VoceriaPresidencial
En una reciente medida económica, el Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía, revocó el decreto 132, dando por terminado el Fondo Fiduciario Público conocido como "Fondo Estabilizador del Trigo Argentino". Esta decisión, oficializada mediante la resolución 142/2024, marca el fin de un esfuerzo iniciado en marzo de 2022 para estabilizar el costo de la tonelada de trigo adquirida por los molinos en el país, en un contexto de fluctuaciones de precios impulsadas por la tensión internacional, particularmente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Manuel Adorni, vocero presidencial, comunicó en conferencia de prensa desde la Casa Rosada los efectos observados tras la implementación de la medida originalmente promovida por Roberto Feletti. Destacó un incremento en el precio de la harina y una subida en el costo del pan que superó ampliamente la inflación general, evidenciando distorsiones significativas en el mercado. Además, Adorni señaló que solo un 20% de las 150 firmas molineras participaron en el programa, lo que refleja las complicaciones derivadas de vender a precios subsidiados y la espera de compensación económica estatal.
"Hubo enormes distorsiones en el mercado y beneficios para un grupo pequeño de empresarios prebendarios", Adorni
La normativa, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, refleja un paso adelante en los esfuerzos de la administración de Javier Milei para reducir el gasto público. Al revocar un contrato de fideicomiso suscrito el 7 de abril de 2022 con BICE Fideicomisos S.A., la administración actual busca ajustar las cuentas nacionales y rectificar políticas económicas previas consideradas ineficaces o contraproducentes.
Esta medida podría tener consecuencias significativas en el sector agroindustrial, especialmente en el mercado del trigo, uno de los pilares de la economía argentina. Al eliminar el fondo estabilizador del trigo, se anticipa una adaptación del mercado a las condiciones de libre competencia, aunque también genera incertidumbre entre productores y empresarios sobre el futuro inmediato de los precios y la sostenibilidad del sector.
Por su parte, el Gobierno argentino apuesta por una política de ajuste que busca la eficiencia y la estabilidad económica, retirando mecanismos de intervención que, según la perspectiva oficial, no lograron los resultados esperados. Esta decisión resalta cómo la administración de Milei analiza las políticas públicas en su capacidad para alcanzar los objetivos planteados sin generar efectos adversos no deseados.
Con la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el país se enfrenta a un nuevo escenario económico, marcado por la búsqueda de equilibrio entre la intervención gubernamental y las dinámicas de mercado. Este cambio de rumbo señala un momento crucial para el sector agrícola y para la política económica del país en su conjunto, en particular, por las tensiones políticas entre el Gobierno nacional y los gobernadores.
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