Foto: Gobierno de Argentina
Múltiples allanamientos se realizan en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de la droguería Suizo Argentina. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y ejecutados por personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad, en el contexto de una investigación judicial que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo.
Una de las sedes de ANDIS allanadas se ubica sobre la calle Hipólito Irigoyen, en las cercanías del Congreso de la Nación, mientras que otro procedimiento tuvo lugar en un edificio de la avenida Rivadavia. En total, se realizaron tres allanamientos simultáneos, tanto en oficinas del organismo público como en instalaciones de la droguería privada.
La investigación se originó tras la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se hacía referencia al pago de presuntas coimas. Ayer, el exfuncionario presentó ante la Justicia Federal a sus representantes legales: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze. Ambos abogados cuentan con trayectoria en derecho penal económico y tributario. Según se informó, Spagnuolo es hasta el momento el único de los involucrados que formalizó defensa legal.
No se trata de los primeros allanamientos vinculados a la causa. La semana pasada, se realizaron procedimientos en las viviendas de Spagnuolo, de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de la droguería Suizo Argentina—, y de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. En esas oportunidades se secuestraron computadoras, documentación y teléfonos celulares considerados relevantes para la investigación judicial.
De acuerdo con la información oficial, el celular de Spagnuolo fue desbloqueado y contenía mensajes eliminados que ahora serán sometidos a peritajes para su recuperación. En el caso de Emmanuel Kovalivker, su dispositivo no pudo ser abierto debido a que se trata de un modelo Samsung de última generación. Peritos de la Dirección de Apoyo Técnico a la Investigación Penal (DATIP) solicitaron asistencia a la empresa Cellebrite, quien provee software de apertura. Según la compañía, por el momento no existe una actualización tecnológica la cual permita el acceso.
En tanto, Jonathan Kovalivker entregó su teléfono apagado y sin brindar la clave de acceso, mientras que Garbellini sí facilitó su contraseña a las autoridades judiciales. Estas evidencias forman parte del material que será analizado por los peritos en el curso de la investigación.
Desde el Gobierno dispusieron una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras la designación de Alejandro Vilches como interventor del organismo. Según trascendió, se habrían detectado pagos con sobreprecios en el programa Incluir Salud, destinado a proveer medicamentos a personas sin cobertura médica o con pensiones no contributivas.
En paralelo al avance judicial, el presidente Javier Milei, amigo del exfuncionario y anteriormente su abogado, se refirió públicamente al caso durante una caravana en Lomas de Zamora. "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", declaró el mandatario.
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