Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
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La reforma de la Ley de Glaciares cambió uno de los equilibrios más sensibles de Argentina entre agua, ambiente y minería. Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el país dejó atrás la protección automática sobre glaciares y ambientes periglaciares, y abrió un nuevo marco de decisiones seguido dentro y fuera de Sudamérica.
En Buenos Aires, la votación se resolvió este jueves con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El nuevo texto delega en las provincias la evaluación de cada cuerpo de hielo y mantiene la protección solo para aquellos que cumplan una "función hídrica efectiva".
Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 protegía de forma amplia a los glaciares visibles y a las zonas periglaciares. Esos territorios incluyen suelos congelados donde se mezclan hielo, roca y sedimentos, considerados estratégicos para el abastecimiento de agua y el equilibrio de ecosistemas andinos.
La norma aprobada modifica ese alcance y permite que las provincias definan criterios propios para determinar qué áreas seguirán bajo resguardo. Si una formación no es considerada relevante para la función hídrica, podrán habilitarse actividades extractivas, entre ellas proyectos de minería metalífera a cielo abierto.
El cambio también reemplaza el sistema de prohibiciones generales por evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. En la práctica, eso abre la posibilidad de revisar áreas de la cordillera de los Andes que antes estaban vedadas para emprendimientos vinculados con cobre, oro y plata.
Para entender la dimensión del debate, el inventario nacional presentado en 2018 registró casi 17.000 cuerpos de hielo en Argentina. En conjunto, ocupan 8.484 kilómetros cuadrados y cumplen un papel regulador en años de sequía, cuando aportan agua a ríos y lagos mediante el deshielo.
Durante el debate parlamentario, legisladores oficialistas sostuvieron que la reforma era necesaria para impulsar el desarrollo minero y acercar a Argentina al desempeño de Chile. José Peluc, diputado de La Libertad Avanza, afirmó: "Estamos totalmente a favor porque en la provincia de San Juan tenemos experiencia minera y de falta de agua".
El Gobierno celebró la aprobación con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente. Allí señalaron que la reforma "aclara con precisión científica" qué glaciares y geoformas deben seguir protegidos, y el nuevo marco permitirá avanzar sobre terrenos "mal catalogados como glaciares".
Además, desde el Ejecutivo afirmaron que la reforma devuelve a las provincias competencias sobre recursos considerados propios. También expresaron que el cambio ofrece "seguridad jurídica" y "un verdadero federalismo ambiental", el cual facilitará la administración de reservas hídricas de manera "eficiente, técnica y realista".
La discusión también concentró críticas de sectores científicos, organizaciones ambientales y bloques opositores, que advirtieron sobre el riesgo de reducir la protección en áreas sensibles. Durante la jornada hubo protestas frente al Congreso, donde se exhibieron carteles con frases como "La Ley de Glaciares no se toca" y "El agua vale más que el oro".