Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Con 47,6 puntos sobre 100, Argentina quedó expuesta en una medición global sobre violencia sexual infantil. El Out of the Shadows Index 2026, elaborado por Economist Impact, ubicó al país en el décimo lugar entre 16 naciones de América Latina y el Caribe. El resultado muestra una brecha entre avances legales, capacidad de respuesta posterior y prevención efectiva antes del daño.
La medición asignó a Argentina 70 puntos en reparación y 54,5 en justicia, sus áreas mejor evaluadas dentro del índice. En cambio, el país descendió a 43,3 puntos en prevención y apenas llegó a 18 en gobernanza y rendición de cuentas. Esa diferencia indica una respuesta más sólida después de la agresión que en las etapas destinadas a impedirla.
El informe reconoce leyes, políticas y servicios existentes, pero advierte lagunas de cobertura, coordinación y responsabilidad institucional. Entre los avances normativos figura la prohibición del castigo corporal en todos los ámbitos, incorporada al Código Civil y Comercial vigente. Sin mecanismos constantes de aplicación, financiamiento y seguimiento, esas normas pierden alcance frente a riesgos cotidianos para menores.
Una prevención insuficiente también afecta la salud mental, la protección social, la educación, la justicia y el acceso temprano a servicios especializados. Cada demora en detectar, escuchar o proteger puede derivar en trauma, miedo, autolesiones, intentos de suicidio y desconfianza hacia personas adultas. El problema se agrava cuando escuelas, hospitales, fiscalías y organismos de protección no trabajan con rutas claras y coordinadas.
Los datos del índice muestran que los sistemas continúan actuando principalmente cuando la víctima ya atravesó una agresión. Esta lógica reactiva ayuda a explicar por qué muchas situaciones permanecen invisibilizadas durante años. La media para que una persona revele el crimen sufrido durante la infancia es de 25 años.
Hoy, una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños padece alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 18 años. La violencia sexual infantil puede dejar secuelas físicas, emocionales y sociales que acompañan a las víctimas durante largos periodos. También puede afectar la escolaridad, los vínculos familiares, la salud mental y la confianza en instituciones encargadas de proteger.
Estas desigualdades afectan más a menores con discapacidad, migrantes, indígenas, institucionalizados o habitantes de zonas con servicios fragmentados. En esos contextos, la denuncia y la atención dependen de accesibilidad, equipos capacitados y presencia estatal sostenida. La falta de recursos vuelve más difícil prevenir, detectar y acompañar casos con respuestas oportunas.
Junto con otros 59 países, Argentina fue incluida en una medición que abarca al 83% de la infancia mundial. La puntuación media del índice fue de 52,6 sobre 100, y ningún país superó los 83 puntos. Además, solo dos países cuentan con Consejos Nacionales de Sobrevivientes, espacios clave para incorporar experiencias directas en políticas públicas.
Economist Impact define los resultados como una "hoja de ruta para el progreso", dentro de un panorama con brechas persistentes. Para Argentina, el décimo lugar regional queda asociado a prevención débil, gobernanza baja, coordinación insuficiente y rendición limitada.