Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La pesca ilegal podría dejar de tratarse solo como una infracción administrativa en Argentina. Un proyecto presentado en el Congreso propone incorporar nuevos delitos al Código Penal, con penas de prisión, multas millonarias y decomiso de embarcaciones para castigar capturas no autorizadas.
Dicha iniciativa fue presentada por el diputado Guillermo Michel y apunta a quienes capturen, extraigan o den muerte a especies durante períodos de veda. También alcanza a actividades realizadas en zonas restringidas, áreas protegidas o sobre especies prohibidas por normas nacionales, provinciales o internacionales.
El proyecto define la pesca ilegal dentro del marco penal y agrega sanciones para declaraciones falsas ante organismos de control. Ese punto incluye información adulterada sobre el volumen real de capturas, un dato clave para fiscalizar la explotación marítima.
Penas de cárcel y agravantes por pesca ilegal
Quienes cometan el delito podrían recibir hasta seis años de prisión en casos agravados. Entre esos casos figuran el uso de explosivos, métodos masivos o destructivos, captura de especies protegidas y operaciones dentro de áreas naturales resguardadas.
Los buques extranjeros sin autorización también recibirían un tratamiento penal más severo. La propuesta contempla agravantes cuando tres o más personas participen de manera organizada o cuando intervengan funcionarios públicos en las maniobras investigadas.
En esos casos, los funcionarios podrían recibir inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La medida se sumaría a las penas penales, administrativas, ambientales o aduaneras aplicables según cada expediente.
La reforma también alcanzaría a quienes vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas ilegales. Las sanciones aumentarían cuando esas conductas sean habituales, organizadas o involucren especies protegidas.
El punto de mayor pena aparece en la figura de asociación ilícita vinculada a la pesca ilegal. Quienes organicen, financien o lideren estructuras permanentes podrían recibir condenas de hasta ocho años de prisión.
Multas a empresas y decomiso de embarcaciones
La reforma permitiría sancionar a empresas pesqueras con multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido. El proyecto también prevé suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y publicación obligatoria de la sentencia.
El decomiso alcanzaría especies, productos, embarcaciones, vehículos y otros bienes empleados en la comisión del delito. Los ejemplares vivos serían restituidos a su hábitat cuando resulte posible o derivados a centros especializados.
Los productos aptos para consumo humano tendrían como destino prioritario bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones decomisadas podrían asignarse a la Prefectura Naval Argentina, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero u otros organismos públicos.
Mientras avanza el debate, flotas extranjeras operan cerca de la Zona Económica Exclusiva Argentina, ubicada en el límite de 200 millas náuticas. Investigaciones citadas en los textos fuente estiman capturas anuales de entre 1,5 y 3 millones de toneladas.
Ese volumen supera el desembarque anual de la industria pesquera argentina, estimado entre 750.000 y 900.000 toneladas. Las pérdidas económicas por extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares al año, según estimaciones oficiales difundidas en las fuentes.
La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca aplicaron controles mediante vigilancia satelital y sistemas electrónicos. En un caso reciente, un buque con bandera de Vanuatu recibió una multa de 1.262 millones de pesos.
El dinero recaudado por multas y subastas integraría el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera. Esos recursos financiarían tareas de control, investigación científica y programas destinados a recuperar recursos pesqueros agotados.
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