Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: Truth Social: @RealDonaldTrump
La Justicia argentina formalizó un pedido de extradición a Estados Unidos para que Nicolás Maduro sea indagado por crímenes de lesa humanidad. La medida fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, quien libró un exhorto internacional este miercoles 4 de febrero de 2026. Según el expediente judicial, Maduro habría sido detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad a territorio estadounidense bajo custodia federal.
El proceso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos de extrema gravedad cuando no existen garantías de justicia en el país de origen. Este marco legal habilita a la Justicia argentina a avanzar en causas por tortura, desapariciones forzadas y persecución política, aunque los hechos hayan ocurrido fuera del país. En este caso, se trata de hechos atribuidos al régimen venezolano durante el gobierno de Maduro.
La solicitud judicial se fundamenta en el Tratado de Extradición bilateral firmado entre Argentina y Estados Unidos el 10 de junio de 1997. Esta resolución judicial solicita que el líder chavista sea sometido a una declaración indagatoria en el contexto de una causa abierta desde 2023. La causa fue impulsada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y otras organizaciones que representan a víctimas venezolanas exiliadas en Argentina.
El fiscal federal Carlos Stornelli avaló el pedido y solicitó que se active "el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros". En el escrito presentado, argumentó que la detención actual de Maduro en suelo estadounidense abre una vía concreta para hacer efectiva la orden de captura internacional emitida por la Justicia argentina en 2024. El objetivo es garantizar su comparecencia ante tribunales locales para responder por los cargos.
Como parte del trámite, el juez ordenó la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación anexa. También instruyó canalizar el pedido a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería, órgano encargado de coordinar la cooperación judicial con otros países. Esta vía busca evitar demoras administrativas y asegurar que el proceso avance en tiempo y forma.
La Cámara Federal porteña había ordenado reactivar el expediente y mantener vigentes las alertas rojas de Interpol contra Maduro y otros altos funcionarios, como Diosdado Cabello. También figura entre los imputados Justo Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Según las querellas, los acusados habrían participado en un plan sistemático de represión contra civiles en Venezuela.
El juez Ramos rechazó presentaciones de terceros que no acreditaron interés legítimo en la causa. Esta depuración del expediente se enfocó en preservar la validez formal del proceso y evitar dilaciones. La resolución, además, fue comunicada al fiscal y a las querellas unificadas, quienes ven en esta etapa una posibilidad concreta de avance.
De ser aceptado el pedido por parte de las autoridades estadounidenses, se abriría una instancia inédita para que un expresidente extranjero declare en tribunales argentinos por crímenes de lesa humanidad. La causa representa uno de los casos más relevantes en la aplicación de la justicia universal en el país.