Foto: Gobierno de Argentina
El sistema de inteligencia en Argentina atraviesa una transformación de alto impacto tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su Gabinete, introduce una reestructuración integral que modifica la Ley 25.520 y otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) nuevas competencias operativas, entre ellas la facultad de aprehender personas en situaciones específicas.
A partir del 2 de enero de 2026, la SIDE queda autorizada a realizar aprehensiones "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", según indica el decreto. En estos casos, el personal deberá "dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes", conforme al artículo incorporado a la Ley de Inteligencia Nacional.
Buenos Aires fue el escenario administrativo donde se oficializó la medida mediante su publicación en el Boletín Oficial. Con esta reforma, el Gobierno también estableció que "los órganos del SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información". Esto incluye la habilitación para "repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo".
Además de las atribuciones operativas, el decreto establece que todas las actividades realizadas dentro del Sistema de Inteligencia Nacional serán consideradas encubiertas. Según el documento oficial, esto se debe a que "revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".
La reestructuración también elimina organismos preexistentes y crea nuevos entes con responsabilidades definidas. Entre ellos se encuentra la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que reemplaza a la anterior Agencia de Seguridad Nacional. Su función será prevenir amenazas como el espionaje, sabotaje, injerencia externa o acciones que afecten el orden constitucional y los intereses estratégicos.
Otro punto central de la reforma es la diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La primera quedará bajo control del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete. En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, adscripta a la SIDE.
En el ámbito militar, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Desde ahora, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas concentrará la inteligencia estratégica en defensa, con el objetivo de evitar superposiciones estructurales.
La SIDE asume así el rol de conducción directa del Sistema de Inteligencia Nacional. A partir del decreto, tendrá la responsabilidad de coordinar organismos, centralizar información, controlar presupuestos —incluidos los gastos reservados— y articular con todas las jurisdicciones del Estado.
Por último, la norma crea dos espacios de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. Estos ámbitos agrupan a organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, y dependencias como Migraciones, Renaper, Aduana y Cancillería. Según lo mencionado en el decreto, la idea será facilitar el flujo de información para la toma de decisiones estratégicas.
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