Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El Gobierno argentino enfrenta un dilema jurídico por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La Cámara de Trabajo dejó sin efecto el capítulo laboral solicitado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 03 de enero de 2024 y esto abrió un conflicto jurisdiccional. La intervención de los jueces José Alejandro Sudera, Andrea García Vior y Dora González, selló un nuevo debate ya que los dos primeros otorgaron la suspensión de una parte del DNU mientras la última entendió que la causa debía remitirse al fuero contencioso administrativo.
El 5 de enero vence el plazo para que el Ejecutivo, vía la jefatura de Gabinete, envíe al Congreso el DNU 70/2023 publicado el 20 de diciembre de 2023 con reformas radicales. La sección suspendida por jueces de segunda instancia refiere al Título IV del DNU de Javier Milei y plantea la desregulación laboral como limitar el derecho a huelga, autorizar jornadas de hasta 12 horas, eliminar sanciones en contratos irregulares, aumentar el periodo de prueba de 3 a 8 meses, entre otros.
Paralelamente, se prevé una apelación del Gobierno contra la medida cautelar a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Rodolfo Barra. La Procuración argumentará sobre la incompetencia del fuero laboral en este caso, sosteniendo que el fuero administrativo es el adecuado para resolver la disputa.
Esta apelación surge en un contexto donde el oficialismo cuestiona la decisión judicial, alegando que contradice precedentes judiciales en Argentina. Según el Gobierno, otros tribunales derivaron casos similares al fuero correspondiente, siendo este un juez "natural y universal" para dichas causas. El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Juan Manuel Domínguez, también solicitó que el amparo de la CGT contra el DNU se traslade a un fuero diferente, preferentemente al fuero contencioso.
Para el Gobierno, el fuero laboral debería limitarse a disputas entre empleados y empleadores. En cambio, por la naturaleza de un DNU, corresponde a la jurisdicción del ámbito administrativo. Como anticipó NotiPress, el DNU de Javier Milei transita entre la judicialización y la defensa al cambio.
Este nuevo debate destaca la complejidad en la interpretación jurídica de los alcances de los DNU en Argentina, y la disputa sobre la jurisdicción competente para tratarlos. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante en la administración de justicia argentina, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y la interpretación de la ley.
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