Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: X @LuchoXBolivia
Luis Arce, expresidente de Bolivia, fue detenido este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de La Paz y trasladado a las celdas policiales por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en el contexto de una investigación por presunta malversación de fondos públicos. Según medios locales, el arresto se produjo en el barrio Sopocachi y estaría vinculado al uso de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) durante su paso por el Ministerio de Economía bajo el gobierno de Evo Morales.
Arce ocupó el cargo de ministro de Economía entre 2006 y 2017, y luego durante 11 meses en 2019. Posteriormente, asumió la presidencia del país hasta noviembre de 2025. Según informaron medios bolivianos, la investigación se centra en el presunto desvío de recursos estatales destinados a proyectos para comunidades indígenas, administrados a través del Fondioc, institución señalada previamente por irregularidades.
El caso también involucra a la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien permanece detenida desde el 5 de diciembre. Patty fue arrestada tras acudir a la Fiscalía a declarar y al día siguiente un juez ordenó su prisión preventiva por cuatro meses. Evo Morales, quien se mantiene distanciado de Arce, denunció la detención y declaró: "Procesan a la gente humilde que defiende la democracia. (…) Tarde o temprano el pueblo unido los juzgará. Nuestra solidaridad con nuestra hermana Lidia Patty en estos momentos difíciles de injusticia".
Desde su asunción en noviembre, el nuevo presidente Rodrigo Paz, primer mandatario de derecha en más de dos décadas, impulsó investigaciones por presunta corrupción contra funcionarios y exautoridades del MAS. Entre ellas, destaca la denuncia presentada por el actual ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien afirmó haber recibido su despacho "completamente vacío" y sin documentación de respaldo.
Espinoza difundió videos en redes sociales donde mostró estantes sin libros ni archivos y señaló que no le "habían dejado nada". Según indicó, también se identificaron faltantes en registros financieros, lo cual consideró un posible encubrimiento de actos ilícitos. El exministro de Economía de Arce, Marcelo Montenegro Gómez, rechazó estas acusaciones y aseguró haber entregado toda la información pertinente a una comisión de transición.
La aprehensión de Arce generó respuestas divididas en el ámbito político. La exdiputada Luisa Nayar celebró la acción judicial y escribió en redes sociales: "¡El que las hace las paga! Cae un ladrón, incapaz, que destruyó nuestro país y nos dejó en ruinas". Por otro lado, María Nela Prada defendió la inocencia del exmandatario y expresó: "Por supuesto que es inocente. Esto ha sido un abuso de poder total. Esperamos que este caso no se aproveche para llevar a cabo una persecución política".
Por otro lado, la detención fue calificada como un acto "ilegal" por su exministra de la Presidencia, María Nela Prada. En un video publicado en X, denunció que "se ha cometido un abuso por completo" y afirmó que el exmandatario no fue notificado ni citado a declarar antes de su aprehensión. "Simplemente se lo llevaron", expresó.
El diputado Miguel R. Reyes también se pronunció sobre el caso, calificando la detención como "justa" y señaló: "Luis Arce Catacora ha sido testigo silencioso y cómplice de los más grandes hechos de corrupción de Evo Morales y luego, como presidente, ha sido la cabeza del gobierno más nefasto que ha terminado de hundir a Bolivia en una terrible crisis económica". Agregó que "el país necesita que todos los procesos investigativos avancen sin privilegios".
Juan José Torrez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, solicitó activar una alerta naranja contra Morales, Arce y otros exministros, con el argumento de que deben ser sometidos a control jurisdiccional por los casos abiertos.
La detención de Luis Arce se da en un contexto de transición política en Bolivia tras 20 años de gobiernos del MAS, y en medio de acusaciones cruzadas sobre venganza política, justicia e irregularidades financieras con fondos destinados a comunidades indígenas.