Foto: X @DiputadosAR
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miercoles 8 de octubre, una ley que impone nuevas restricciones al uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, un instrumento clave en la gestión del presidente Javier Milei. La iniciativa fue avalada por una mayoría opositora, pero uno de sus artículos centrales no alcanzó el respaldo necesario y el proyecto deberá volver al Senado para su revisión.
El oficialismo evitó una derrota completa, ya que la eliminación del artículo 3 obligará a continuar el tratamiento legislativo. Ese artículo proponía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronunciara sobre cada DNU. Al no obtener los 129 votos requeridos —se quedó en 127—, fue rechazado.
La ley aprobada modifica la normativa vigente desde 2006, impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner, que solo necesitaba la aprobación de una de las cámaras para validar un DNU. Con la reforma, ambos cuerpos legislativos deberán pronunciarse, lo que reduce significativamente la discrecionalidad presidencial.
El texto también establece que cada decreto debe referirse a un solo tema, con el objetivo de evitar disposiciones de gran alcance como el DNU 70/23, utilizado por Milei para introducir reformas en múltiples áreas. Según fuentes legislativas, esta disposición busca limitar los decretos que aglutinan medidas diversas bajo un solo acto administrativo.
Durante la votación particular del artículo 3 se registraron abstenciones y cambios de posturas determinantes. Se abstuvieron tres diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego), mientras que Carlos D’Alessandro y Gerardo González, de Coherencia, cambiaron su voto afirmativo por uno negativo. También votaron en contra tres miembros del PRO (Álvaro González, Sofía Barbilla y Héctor Baldasi). Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, aprobaron en general pero rechazaron el artículo, al igual que los radicales Karina Banfi y Fabio Quetglas, quienes pasaron de voto positivo a abstención. La diputada Tanya Bertoldi, de Unión por la Patria, se ausentó en esa instancia.
En el debate, surgieron posturas enfrentadas respecto a los alcances de la reforma. Desde La Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez aseguró: "El peronismo solo se rige por el oportunismo político". Damián Arabia, del PRO, afirmó: "Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU, y ahora quieren cambiar una ley la cual estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan". Además, denunció la existencia de un posible "bloque institucional" para impedir el funcionamiento del gobierno.
Desde la UCR, Martín Tetaz argumentó que la ley actual "es mala" pero sugirió que cualquier modificación debería regir a partir del próximo periodo presidencial: "Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027".
En una crítica al uso de los decretos, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo: "Han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender", y añadió: "Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente".
A pesar de la media sanción obtenida, el futuro de la reforma queda en manos del Senado. Legisladores del oficialismo señalaron que el debate estará postergado hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en donde se puede alterar la correlación de fuerzas en la Cámara Alta.
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