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Con el objetivo de permitir el ingreso de nuevas empresas al sector y restarle peso a la administración pública, el Gobierno de Javier Milei decidió desregularizar el servicio de correo postal en todo el país. A través del decreto 1005/24, publicado en el boletín oficial el lunes 11 de noviembre, se procede a trabajar una nueva normativa de los servicios postales, internos e internacionales, que elimina requisitos considerados excesivos para disminuir la burocracia y aumentar la transparencia.
A lo largo de la historia argentina, el correo postal fue objeto de varios forcejeos entre sectores que buscaban el total control estatal del servicio y entre quienes optaban por su privatización. Entre sus últimos movimientos, en 1993, el Gobierno de Carlos Menem suprimió su monopolio estatal, aunque también restringió el ingreso de nuevos operadores, principalmente a través de sistemas complejos de registración y habilitación. Ese es un aspecto que el reciente decreto buscó remendar, buscando fomentar la competencia y la innovación en el correo postal.
Tras conocerse la medida del Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comentó sobre el alcance del decreto en su cuenta de X. El funcionario se refirió al gobierno de Onganía el cual emitió la ley 20.216 que establecía el monopolio absoluto del correo oficial. "Entre otras barbaridades le permitía no entregar la correspondencia que consideraba que podía contener información impropia, o abrir la correspondencia en caso de sospechar de sus contenidos. Como una suerte de "1984", a la ley 20.216 no le interesaban los usuarios sino el control del Estado de la información que manejaban sus ciudadanos", escribió el funcionario.
El decreto establece un proceso de inscripción electrónico, gratuito y declarativo para las personas jurídicas que deseen realizar transporte, distribución y/o entrega postal. La inscripción se realiza una sola vez y habilita para desarrollar la actividad a partir de los cinco días de su realización.
Por otro lado, elimina los requisitos de comprobación de vehículos u otras instalaciones, facilitando el ingreso de nuevos operadores, especialmente pymes. Además, se elimina la exclusividad de ciertas empresas para la entrega de cartas documento, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos.
Asimismo, se autoriza la digitalización de los telegramas y los documentos certificados, así como también la firma digital remota al negocio postal. Mientras que la verificación de la identidad del remitente podrá realizarse de forma digital a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La medida permite también a las personas humanas ofrecer servicios de mensajería urbana, con o sin vehículos, en plazos breves y distancias cortas. De esta forma, se busca facilitar el desarrollo del comercio electrónico y generar nuevas oportunidades laborales. En caso de una pérdida o un daño, el decreto informa que los prestadores del servicio postal deberán indemnizar al usuario reintegrando las tasas abonadas y otorgar una compensación según criterios de la autoridad de aplicación.
Bajo el nuevo decreto, el Gobierno libertario promete transformar significativamente el mercado al abrir paso a nuevos operadores, lo cual podría resultar en una oferta de servicios más diversa y precios competitivos. Además, la digitalización de los procesos administrativos, como la verificación de identidad y la habilitación de documentos digitales, permitiría agilizar las operaciones y reducir costos para los proveedores y usuarios. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) será la autoridad responsable de implementar y supervisar esta transición, dictando las normas técnicas y operativas, así como fiscalizando y aplicando sanciones para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones en el ámbito postal.
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