Ciudad de Buenos Aires,
Martín Olivera
Crédito foto: x @Rodrigo_PazP
Un inesperado giro político sacudió la escena institucional de Bolivia tras la decisión del vicepresidente Edmand Lara de declararse opositor al gobierno con el que fue electo. El anuncio se dio en medio de una ola de protestas sindicales y descontento social por la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida adoptada recientemente por el Ejecutivo.
Lara expresó su postura en varios videos publicados en redes sociales, donde respaldó las movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB). "Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando", afirmó en una de sus publicaciones, que coincidió con nuevas manifestaciones en distintas ciudades del país.
El vicepresidente también pidió a los sectores movilizados "que no se rindan, no bajen la moral y la guardia", y acusó al Ejecutivo de haberse "puesto del lado de los ricos". Según sus declaraciones, el decreto que eliminó la subvención representa "el decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza". La norma fue aprobada con el objetivo de eliminar un sistema de subsidios vigente durante más de 20 años.
La ruptura política entre Lara y el presidente Rodrigo Paz no resulta completamente sorpresiva, ya que las tensiones entre ambos surgieron durante la campaña electoral. En una intervención pública previa a las elecciones, Lara expresó: "Si Rodrigo Paz no cumple, yo lo enfrento". No obstante, su reciente autodefinición como "opositor constructivo" profundizó la fractura dentro del Ejecutivo.
El decreto cuestionado por Lara modificó los precios internos del combustible, con aumentos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto al costo previamente subsidiado. En paralelo, el gobierno anunció medidas compensatorias como el incremento del salario mínimo y mayores beneficios para estudiantes del sistema público y adultos mayores sin seguridad social.
Más allá de estas disposiciones, la COB declaró una huelga general de tiempo indefinido. Solo el sector minero estatal mantiene la protesta, mientras otros gremios cesaron las movilizaciones tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. Sin embargo, la COB exige la anulación del decreto como condición para el diálogo.
Desde la Asamblea Legislativa, Lara también enfrentó dificultades. No logró la aprobación de una resolución contra el decreto, ni pudo frenar la votación de créditos internacionales, cuya aprobación había anticipado que sería rechazada. Además, acusó sin pruebas a varios legisladores de intercambiar votos por cargos públicos. En respuesta, ambas cámaras le exigieron retractarse y advirtieron sobre posibles acciones legales.
La situación política en Bolivia permanece en un clima de alta tensión. Las declaraciones de Lara, su respaldo a las protestas y la creciente división en la cúpula del poder añaden incertidumbre a un país que busca estabilizar su economía tras un prolongado periodo de escasez de combustibles. Según el Gobierno, el fin del subsidio permite asegurar el suministro y genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.