El Gobierno habilita la exportación de chatarra tras 16 años de restricciones

El Gobierno de Javier Milei permitió nuevamente la exportación de chatarra metálica, una práctica prohibida desde 2009. Esta medida, defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pone fin a las restricciones que buscaban proteger a la industria siderúrgica local, pero que, según el actual Gobierno, perjudicaban el mercado del reciclaje y limitaban oportunidades económicas.

La restricción fue implementada inicialmente en enero de 2009 bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba de una medida transitoria con una duración prevista de 180 días, pero que se prorrogó de manera constante durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las administraciones anteriores justificaron la prohibición señalando que los desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos eran insumos clave para la producción local de acero, en un contexto de limitada disponibilidad de chatarra en el mercado interno. A través del decreto 70/2023, Fernández determinó hasta el 31 de diciembre de 2024 la prohibición del envío al exterior de 13 clasificaciones de productos, entre los cuales se incluían desechos, desperdicios y recortes de cobre, aluminio, diversos plásticos y metales como acero inoxidable.

Sin embargo, el ministro Sturzenegger explicó la decisión de levantar las restricciones en una publicación en X. Señaló que la medida responde a los principios del presidente Milei sobre limitar la intervención estatal en los mercados. Según Sturzenegger, las prohibiciones deprimían el precio local de los desechos y desincentivaban el reciclaje, además de bloquear oportunidades de negocio en sectores como la valorización de residuos metálicos y plásticos.

"Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)", explicó. Añadió que estas políticas favorecían exclusivamente a los procesadores locales de chatarra, dejando fuera a quienes generan esos materiales.

Sturzenegger defiende la medida como un "triunfo de la libertad por sobre el lobby" ya que pretende impulsar la competitividad y abrir nuevos mercados internacionales para el reciclaje, promoviendo la valorización de residuos y creando oportunidades económicas para pequeñas y medianas empresas del sector. Además, se considera que la medida podría tener un efecto favorable en la balanza comercial, al transformar materiales reciclables en una fuente adicional de ingresos en dólares para el país.